Pocas ceremonias políticas existen en España con más pompa y boato que la conferencia de presidentes autonómicos. Y ninguna refleja mejor el despilfarro que generan diecisiete Gobiernos y Parlamentos autonómicos, cada uno con su corte inagotable de funcionarios, asesores, cargos de libre designación, medios oficiales, chóferes y enchufados de toda condición. Una nutrida representación de todo ese tropel de máquinas de triturar dinero público se reúne hoy en el Senado sin que se sepa muy bien para qué. El Gobierno ha descartado, eso sí, que en la conferencia de presidentes autonómicos se hable de la reforma del sistema de financiación y mucho menos del pacto fiscal que plantea Cataluña. Asuntos menores, al parecer. Y, salvo sorpresa mayúscula, tampoco se espera que del ágape surjan soluciones para que España supere la crisis. Más bien al contrario. Se aguardan propuestas y reclamaciones de todo tipo que contribuyan a aumentar la desconfianza internacional en nuestra capacidad de embridar el gasto público.
De la inutilidad de la cita da idea un único dato. Solo con que cada uno de los 17 presidentes autonómicos tome la palabra durante diez minutos, habrán consumido ya tres horas de reunión, con lo que apenas tendrán tiempo para darse los buenos días unos a otros y pasar al comedor. El resto será esperar a que los centenares de periodistas llegados de toda España tomen nota durante 17 ruedas de prensa simultáneas de las declaraciones oficiales que cada presidente llevará escritas de antemano.
La cumbre servirá, a lo sumo, para engordar la facturación de los hoteles y restaurantes madrileños, que albergarán las interminables caravanas autonómicas desplazadas. Lo único que justificaría semejante dispendio sería que los presidentes regionales se encerraran en el Senado hasta llegar a un acuerdo para reducir de manera radical el tamaño y el coste de unas Administraciones mastodónticas que, salvo contadas excepciones, son en su mayoría perfectamente prescindibles.
Antes que para echarse los trastos a la cabeza unos a otros, estaría bien que el fiestón de nuestros presidentes autonómicos sirviera para que reflexionaran, por ejemplo, sobre si tiene sentido que una comunidad como La Rioja, con 322.000 habitantes, un poco más que la ciudad de Vigo, cuente con un Parlamento de 33 escaños y siete consejerías de Gobierno, además de un presidente. O si la Región de Murcia, que tiene tan solo 45 municipios, debe contar con una Cámara autonómica de 45 diputados, un Ejecutivo regional de ocho consejerías y 16 organismos autónomos. Para que se hagan una idea, en La Rioja hay un diputado autonómico por cada 9.757 habitantes. Con esa misma proporción de escaños por ciudadano, el Congreso debería tener 4.817 diputados para atender a los 47 millones de españoles. Y el Parlamento gallego, 286 para 2,7 millones de habitantes. Así que mejor no dar ideas.