La cuestión catalana


El presidente de la Generalitat, Artur Mas, con amplio respaldo del Parlamento, ha cruzado el Rubicón. La autodeterminación, siempre latente, jamás había sido planteada con esa solemnidad. Lo que hasta ahora formaba parte de la dialéctica propia del nacionalismo centrista que lidera CiU, se ha convertido en un objetivo político concreto y determinado. Pese a la ambigüedad en cómo se concrete esa decisión no parece que quepa ya una marcha atrás. La suerte está echada. La gravedad de la que ha alertado el rey es innegable. Lo de menos es que con la anticipada convocatoria de elecciones se procure una mayoría suficiente que no dependa del PP. Lo fundamental es que Mas se ha comprometido con una cuestión de fondo que afecta a la estructura del Estado, aprovechando la ola de una muy concurrida Diada en la que se coreó la independencia.

La hoja de ruta, paralizada durante estos años de democracia, de una nación en busca de Estado, ha quedado activada. Sirvió para mejoras puntuales de sus aspiraciones. Los nacionalistas cuentan con el tiempo. La breva de un Estado propio, integrado en la Unión Europea, no caerá con un resultado electoral favorable a CiU. Pero se ha producido un salto de escala en las reivindicaciones. Las armas legales que se empleen para frenar la pretensión ayudarán a alimentar en Cataluña el distanciamiento de un Estado en el que sus ciudadanos no se sienten cómodos. A su vez crecerá en el resto de España un sentimiento de rechazo a lo catalán, de lo que tenemos alguna experiencia.

La cuestión catalana viene de lejos. Sin remontarnos demasiado en la historia, fue determinante en la elaboración de la Constitución de la II República, consecuencia del pacto de San Sebastián de 1930, como testimonia Azaña en sus memorias. Ofrecía una solución a Cataluña, sin nombrarla, permitiendo que otras partes de España pudiesen constituirse como regiones autónomas; pero no imponía su generalización. Es lo que, no sin discusión, recogió la Constitución de 1978, con referencia a los territorios que se habían acogido a aquella alternativa interrumpida por la Guerra Civil. La minoría catalana, en expresión de su ponente Miguel Roca, manifestó que por primera vez los catalanes se sentían cómodos en el Estado. Una corriente doctrinal mayoritaria y una posición política que terminó siendo dominante impulsaron la generalización homogeneizadora de las comunidades autónomas con la pretensión de diluir el problema catalán en esa uniformidad. El resultado del «café para todos» está a la vista.

Mejor hubiera sido respetar el texto constitucional. En el fondo de la reivindicación catalana subyace la defensa de un hecho diferencial, como se reconoce en los conciertos de Navarra y el País Vasco. Un federalismo que configure como Estados a todas las comunidades autónomas no resuelve el problema. Sin el apremio de la crisis, los partidos mayoritarios, promotores de la uniformidad, deberían reconstruir en lo posible el consenso constituyente.

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