Quizá en este momento en que una ola de supuesta corrupción nos invade y nos toca tan de cerca, sea oportuno reflexionar sobre las salidas a la crisis de valores que atribuimos a políticos y también a sindicalistas, cuando menos. Una crisis que afecta además al difícilmente medible sector de la sociedad que estaría dispuesto a hacer sin sonrojo lo que critica; ahí está la aplicación por los sindicatos de la reforma laboral que combaten, contra algunos de sus propios despedidos.
Como mínimo sería preciso un desengrase en las filas de políticos y sindicalistas, con una reducción sensible que les afectara a ellos y a su personal de confianza. No menos necesario resultaría que los políticos no fueran, desde diversas instancias, los morosos que colaboran al hundimiento de numerosas empresas, sobre todo pymes. Y, entre otras medidas en materia de dietas, vehículos oficiales, etcétera, tendrían que purgar sus propias filas. A la primera señal de una posible corrupción o corruptela, deberían ser los propios partidos los que iniciaran expedientes de suspensión temporal o definitiva. Quién mejor que las organizaciones políticas para evaluar la evolución del patrimonio de sus miembros, su cambio en el modo de vida y la realización de contrataciones sospechas, que al menos en los concellos el tiempo ha demostrado que, acabada la veta del urbanismo, se ceba en las privatizaciones de ayer que han dado las concesionarias de hoy. Sería ejemplar y seguramente eficaz.