Si el Gobierno no se sonrojó al pedir oxígeno a Bruselas y decir a la vez que el rescate no tendría consecuencias para el ciudadano, no debería extrañar que las comunidades autónomas (veremos lo que les dura esta última palabra) le sigan el discurso, hinquen la rodilla para pedir ayuda al Estado y le digan a la vez a sus votantes que no perderán un ápice de autonomía. El rescate territorial es una cuestión de semanas, y con él se pondrá fin oficial a la fiesta del despilfarro que ha imperado en territorios que vieron más conveniente inaugurar que pagar, el lucimiento antes que la eficiencia, las palabras antes que los hechos. El rescate autonómico es, sin embargo, un bombón con doble acepción: un dulce para el Gobierno, que verá postradas a unas comunidades que ni servicios básicos son capaces de garantizar; pero una bomba considerable si Rajoy convierte el auxilio en una demostración de poder interno (porque externo poco puede exhibir) que incendie el ya de por sí plano discurso político. Si no logra reajustar aquel «café para todos» y solo aspira a señalar a las comunidades insolventes la oportunidad que representa el Fondo de Liquidez Autonómica se convertirá en un polvorín de imprevisibles consecuencias en vísperas de un maratón electoral (Galicia, País Vasco, Cataluña...) mientras el país entero se va por el desagüe.