Esta es la singular realidad de España: el próximo día 11, la Cataluña más politizada se echará a la calle a reclamar la independencia; ayer, el Gobierno catalán no tuvo más remedio que pedir al Estado español un rescate de más de 5.000 millones para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda, y quizá no sea el último, porque la Generalitat debe 42.000 millones de euros, que suponen el 21 por 100 de su PIB. Se podría decir, de forma simplificada y grosera, que Cataluña tiene la mirada y el corazón puestos en su soberanía nacional, pero la cartera es el cordón umbilical que la mantiene unida a España. Pero ya digo: sería un análisis simple y grosero. La realidad cruda es que Cataluña es España, sus cuentas públicas son un desastre, y el Estado debe acudir en su auxilio con la misma normalidad con que lo podría hacer con la Comunidad de Madrid, si Madrid se encontrase en bancarrota.
Añado que la Generalitat hace con esto un ejercicio de humildad, porque no hay nada más humillante que mostrar las pobrezas en público. Y elogio parcialmente la forma de hacer la petición, porque el discurso al que nos tienen acostumbrados los nacionalistas catalanes es bien distinto: insinúan -y a veces lo dicen expresamente- que España les expolia, que sus impuestos financian los lujos de otras comunidades, o que los demás nos dedicamos a gastar, mientras ellos trabajan, cotizan y sostienen nuestro tambaleante Estado de bienestar. Lo coherente con ese discurso sería reclamar lo que consideran suyo y no solicitar un rescate cuyo importe hay que devolver con sus intereses correspondientes.
Se quedan a medio camino, y por eso mi elogio es parcial: por una parte se acogen al Fondo de Liquidez y, por otra, dicen que ese dinero les corresponde. Por una parte quieren los auxilios previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por otra, mantienen encendida la reivindicación con un solemne «no aceptaremos condiciones políticas»: no sea que a Rajoy se le ocurra hacer de «señor de negro» e imponer recortes en las embajadas, en el programa de inmersión lingüística, o en las subvenciones a organizaciones independentistas.
Con ello, el Gobierno del señor Mas enciende una vela al dios Estado salvador, y otra a la identidad nacional catalana. Con espíritu pragmático acepta la sumisión a ese Estado, pero con talante nacionalista rechaza las condiciones previstas en una ley del Estado. Ahora Rajoy se somete a un nuevo examen: o se presta a ese rescate sin condiciones, o impone la ley presupuestaria. En esa tensión siempre ganan los nacionalistas. Y es que tienen un arma de eficacia segura: si se rechazan sus exigencias, responden que España les dejó de interesar.