Cataluña pide el rescate al Gobierno y solicita 5.023 millones de euros

La Voz REDACCIÓN

ECONOMÍA

Además de concretar la solicitud de adhesión al fondo de liquidez autonómico, el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha aclarado que solo aceptarán «condiciones para cumplir con los planes de ajuste» y no «contrapartidas políticas»

03 sep 2012 . Actualizado a las 17:43 h.

El gobierno catalán ha solicitado hoy al Gobierno español adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico, al que pedirá prestados 5.023 millones de euros. Sin embargo, Cataluña ya ha advertido de que no aceptará «condiciones políticas» por disponer de unos recursos «que son de los propios catalanes».

El portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, ha precisado que el Govern usará estos recursos -el fondo está dotado con 18.000 millones de euros- para cumplir con el déficit público al que está obligado (el 1,5 % del PIB a finales del 2012) y para refinanciar «vencimientos pendientes» de aquí a final de año. El gobierno catalán, que ya a finales de julio había expresado su intención de sumarse a este mecanismo de liquidez, ha concretado esta solicitud de adhesión al Fondo de Liquidez en su primera reunión después de las vacaciones de verano y ha urgido al Ministerio de Hacienda a poner en marcha el fondo en septiembre para que «no se compliquen las cosas a todos».

Para evitar que se hagan paralelismos entre la ayuda financiera de la Unión Europea a España y la demanda de recursos de la Generalitat al Estado, Homs ha subrayado que los catalanes pagan unos impuestos, pero el Estado gestiona estos recursos, y ha añadido que, en cambio, los recursos que puede recibir España se nutren de la aportación de otros contribuyentes europeos. «Es un dinero que es de los propios catalanes, que pagamos con nuestros impuestos», ha aseverado el portavoz de la Generalitat, que afronta unos vencimientos en el segundo semestre por valor de 5.755 millones de euros.

Preguntado acerca de qué entendía por condiciones políticas, Homs ha evitado entrar en concreciones, pero en los últimos meses el ejecutivo ha alertado de las consecuencias de una hipotética intervención de Cataluña. En cualquier caso, el ejecutivo catalán que preside Artur Mas está «convencido» de que el Gobierno no impondrá condiciones a Cataluña de carácter político, más allá de los requisitos financieros de supervisión que implica el acceso a este fondo de liquidez y de las competencias que le da la ley de estabilidad financiera.

Insiste Cataluña en resaltar la diferencia que supone, según la Generalitat, ser la tercera comunidad que más contribuye al conjunto de España y la décima que más recibe. Algo que llevó a Artur Mas a criticar que, con la solidaridad que recibe Galicia, Cataluña también estaría en una buena situación financiera.

El ejecutivo catalán está «convencido» de que el Gobierno no impondrá condiciones a Cataluña de carácter político

El ejecutivo catalán da por hecho que con el cumplimiento del plan de ajuste aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera sería suficiente. La solicitud formal de adhesión al Fondo de Liquidez evidencia las tensiones de tesorería de la Generalitat, que además es la comunidad más endeudada de España, con una deuda que supera los 42.000 millones (el 21 % de su PIB, lejos del 15 % global que pide el Gobierno para finales de año), y debe ajustar el déficit del 3,9 %, con el que cerró el 2011, al 1,5 % del PIB a finales de este año.

Homs ha comentado que con esos más de 5.000 millones de margen el Govern deja clara su voluntad de cumplir con el déficit máximo pactado, que es del 1,5 % del PIB, un objetivo que sin embargo ha asegurado que es «muy difícil». Sin embargo, el Govern no ha descartado ni que de aquí a final de año pueda ponerse en marcha un nuevo plan de ajuste -«en los tiempos que vivimos nadie puede descartar nada», ha dicho- ni tampoco que el Govern renuncie a una nueva emisión de bonos minoristas.

Tampoco ha precisado qué calendario maneja el Govern para saldar las deudas correspondientes a conciertos sanitarios y educativos y las contraídas con entidades sociales durante el mes de julio, y simplemente ha comentado que se abonarán «tan pronto como se pueda». Preguntado por la posibilidad de un «rescate» a España, el portavoz del ejecutivo catalán ha evitado «especular» con esta posibilidad.

Homs ha expresado la necesidad de que todas las administraciones puedan financiarse con el mismo coste, y ha recordado la petición formulada al Gobierno por el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, de poner en marcha los hispanobonos, emisiones conjuntas de deuda.

Valencia fue la primera comunidad en solicitar ayuda al Gobierno

La Comunidad Valenciana se convirtió en la primera autonomía española en solicitar formalmente el rescate para hacer frente a sus pagos pendientes el pasado 21 de julio. Así lo anunciaba a la salida del Consell el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, que explicaba que Valencia se uniría al fondo creado por el Gobierno central para ayudar a las comunidades a hacer frente a su deuda. Esta petición obligaba al Gobierno valenciano a rendir cuentas mensualmente ante el Ministerio de Hacienda para garantizar que la comunidad no rebasase el 1,5 % de déficit.

El Gobierno valenciano no confirmó qué cifra había solicitado al fondo, que el Gobierno central ha dotado con 18.000 millones de euros. El Consejo de Ministros aprobaba el pasado 13 de julio la creación de este fondo para garantizar la deuda de las comunidades con problemas de liquidez. A él pueden adherirse voluntariamente las comunidades que no puedan atender a algún vencimiento de deuda. Esto implica que las comunidades que lo soliciten tendrán que someterse a la obligación de tomar medidas adicionales para reducir su déficit y presentar un plan de ajuste que, de no cumplirse, podría ocasionar su intervención.

Pocos días después, la comunidad de Murcia se convertía en la segunda en anunciar su petición de rescate. El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, confirmaba que su comunidad autónoma pediría adherirse al fondo de liquidez autonómico el próximo mes de septiembre, para recibir ayudas por valor de entre 200 y 300 millones de euros.