La terrorista que derrotó al Estado desde la ley


Con Estrasburgo hemos topado. Con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como todos los jueces y tribunales, si hacen una sentencia que coincide con nuestros gustos, son magníficos. Cuando el de Estrasburgo dio la razón al Estado español y declaró a Batasuna organización terrorista, todas fueron alabanzas. Por el contrario, si hacen una sentencia desagradable, les caen palos de todas las latitudes. La de ayer, la que ordena indemnizar y poner en libertad a la sanguinaria etarra Inés del Río no es que disguste, es que resulta repulsiva para los españoles que hemos llorado tantas muertes y tanta crueldad de esa banda terrorista.

No me voy a moderar en la expresión de los sentimientos. Causa repulsa tener que soltar a una tipa que participó en atentados crueles. Es humillante que se beneficie así a una persona que cometió crímenes penados con tres mil años de cárcel. Horroriza pensar que se abre el camino de la rápida libertad a todos los demás que seguirán la misma vía de apelación. Otra vez estamos condenados a calcular, como con De Juana Chaos, si llega a un año el tiempo de prisión por un asesinato. Y encima, sufrimos el bochorno de darle el equivalente a cinco millones de pesetas para que disfrute mejor de su discutida libertad.

Y, sin embargo, me temo -y me duele escribirlo- que sea una sentencia ajustada a derecho y a los mandatos de la Constitución española. El Tribunal de Estrasburgo reconoce la facultad de los Estados para endurecer sus leyes penales, pero con una limitación constitucional: las nuevas penas no se pueden aplicar con carácter retroactivo, salvo para beneficiar al preso. La doctrina Parot no es un artículo del Código Penal. Pero es una interpretación para aplicarlo, y Estrasburgo le da valor de norma. Y es muy lamentable, pero se aplicó y se está aplicando de forma retroactiva. Es decir, a terroristas que hace mucho tiempo fueron juzgados y condenados y que están a punto de salir en libertad por beneficios penitenciarios. Los efectos son los mismos que tendría el Código: obligan al máximo tiempo de prisión y, por tanto, actúan en contra del reo.

El Gobierno se niega a poner en libertad a la bestia y va a recurrir. No confío demasiado en el éxito del recurso. Por el contrario, empiezo a temer que la tal Inés será recibida en su pueblo entre homenajes a la terrorista que derrotó al Estado en los tribunales. Amaiur, con impúdico descaro, ya celebró la noticia. Y ayer fue el día en que todos cuantos hemos pedido que los asesinos cumplan el máximo que prevé la Constitución, ahora volvemos a estar condenados a contar a cuánto sale un asesinato. Y, gracias al garantismo de leyes y tribunales, sigue saliendo barato. Escandalosamente barato.

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