El conflicto del carbón, tan saturado de ensoñación, tiene una realidad más cruda y debe responder a una pregunta más clara: ¿hay que subvencionar por los siglos de los siglos a los mineros y a sus patronos para que vivan del contribuyente?
El problema del carbón en España viene de antiguo; se agravó con Girón cuando el franquismo decretó la preferencia de los hijos de los mineros para trabajar en la mina y años más tarde creó Hunosa con la compra de minas privadas, y se remató con los planes iniciados en 1990 y que finalizan en el año 2018. Como consecuencia de todo esto, mineros y empresarios son subvencionados de lujo (23.107 millones de euros entre 1990 y el 2012), para quienes la mina y sus cuencas deben ser para ellos, sus hijos, sus nietos y los descendientes de sus descendientes.
En estas semanas de marchas aplaudidas desde los balcones, manifestaciones, violencia, matonismo y declaraciones populistas, sigue llamando la atención lo que repiten los mineros y sus mujeres: ¿Si se cierra la mina, a dónde vamos nosotros y nuestros hijos? Pues, señora, a donde hemos ido los demás y nuestros hijos: a otros lugares y sectores. ¿Por qué la familia de un minero es más importante que cualquier otra? ¿Acaso el Estado tiene que subvencionar también las empresas y los puestos de trabajo de todos los españoles para que sus hijos puedan trabajar en lo mismo que sus padres, en el mismo sitio y con salarios de 3.000 euros?
La patronal del carbón ha responsabilizado con dureza al Gobierno «del inminente cierre de la minería», y los dos hombres más poderosos de Carbunión, Victorino Alonso y Manuel Lamelas Viloria, azuzan a los mineros porque ven peligrar los beneficios de sus empresas y los incentivos a esa industria. El primero, dueño de Unión Minera del Norte y Coto Minero Cantábrico, principales industrias del ramo, que suponen el 40 % de la producción nacional, no dudó en hacerse con la mayoría de una televisión local para zaherir al Gobierno socialista asturiano de Vicente Álvarez Areces y conseguir -según se dijo- más privilegios en el sector. Lamelas, presidente de la Cámara de Comercio de León y propietario del conglomerado Alto Bierzo y de la empresa Hijos de Baldomero García, controla el sector carbonero berciano. Sus advertencias son bien conocidas: «Creo que se solucionará [el conflicto], porque si no habrá que tomar medidas muy duras que ni yo mismo me atrevo a decir». Así las gastan los que quieren vivir permanentemente del presupuesto público.