La concesión de obra pública o colaboración público-privada (CPP), también llamada private finance iniciative (PFI) en el mundo anglosajón, es un descarado ejercicio de ingeniería financiera para realizar inversiones públicas con sobrecoste, eludiendo a su vez los déficits y el endeudamiento a ellas asociado. El truco está en que el crédito destinado a financiar obras (hospitales, autovías, etcétera) lo formaliza la empresa concesionaria, imputando el activo en el balance de la misma hasta que finalice la concesión (20 o 30 años). Construida la autovía, esta opera para la Administración, que a su vez paga a la empresa un canon anual que incluye el coste de la deuda, el mantenimiento y parte de los beneficios empresariales. Y así todos los años de la concesión. Cuando esta finaliza, el activo se entrega al sector público.
Desde un plano jurídico la concesión de obra pública se fundamenta en un reparto de riesgos. La empresa PFI asume dos riesgos básicos. Uno fijo (riesgos de construcción) y otro optativo: por uso del activo (riesgos de demanda) o por mantener su calidad (riesgo de disponibilidad). Para garantizar el equilibrio económico la empresa es responsable de costes y compromisos incluidos en el contrato formalizado con la Administración.
Pero eso es la teoría. Los datos que se ofrecen a continuación proceden ya de nuestra propia experiencia en la materia y confirman la dimensión del negocio. Primer ejemplo: en la Comunidad de Madrid hay nueve autovías de peaje, construidas en tiempos de Aznar, que están en quiebra total. Su coste, financiado con deuda, se elevó a 3.800 millones de euros, pero los ingresos de explotación no llegan para pagar la carga financiera de la deuda. Las empresas dicen que esto se debe a la reducción del tráfico y a los sobrecostes en la expropiación de terrenos. Pero eso es parte de los riesgos asumidos. En todo caso, la ministra de Fomento ya prometió ayudas y subvenciones millonarias.
Segundo ejemplo: las autovías Santiago-Brión, Salnés y Barbanza, ofrecen también incidencias diversas. Según el Consello de Contas, la autovía de O Salnés aumentó el coste inicial en 23,3 millones de euros, la Santiago-Brión obtuvo compensaciones por 8,16 millones y la del Barbanza 28,6 millones. Gran parte de esas demandas se abonaron. El tercer ejemplo lo proporciona la construcción del hospital de Vigo. Porque la empresa ya exige 80 millones adicionales para garantizar la consistencia de los terrenos donde se construye el edificio. Es solo el primer aviso. Saben que los Gobiernos tienen especial cariño a bancos, defraudadores y grandes constructoras, y saben también que para eso están los asalariados, los pensionistas, los enfermos, los pobres y los niños. Así de claras son las cosas.