Las autorizaciones del Consejo de Ministros del pasado 20 de abril abren la puerta para que el ADIF pueda licitar siete tramos de plataforma de nuestra línea de alta velocidad (LAV) de acceso a la Meseta por importe de 927 millones de euros, lo que viene a despejar definitivamente la voluntad del actual Gobierno, confirmando los pasos dados por el anterior, en el sentido de que nuestra LAV será realidad algún día de la presente década. Debemos felicitarnos por ello.
Cinco tramos a licitar pertenecen a la geografía ourensana y precisarán de 472 millones para su ejecución, perteneciendo los dos restantes al trazado anterior en Zamora. Con ello, desde Pedralba, adonde llegará en el 2015, los 117 kilómetros restantes hasta Ourense se hallan en esta situación: 33 en obras, 15 a punto de iniciarse las obras, 25 kilómetros cuyos trabajos se empezarán en verano, 27 saldrán a licitación próximamente para iniciar sus obras en invierno y otros 17, los más próximos a Ourense, en fase de proyecto.
Quedan casi tres años y medio de legislatura con sus correspondientes ejercicios presupuestarios. Por ello, a poco que el Gobierno siga destinando fondos suficientes para hacer avanzar las obras a un ritmo normal de ejecución, estas se habrán hecho irreversibles y entonces sí que estaremos blindados frente a los rechazos e incomprensiones de otras comunidades que se manifiestan abiertamente insolidarias. El esfuerzo combinado del último Gobierno socialista y del primero del PP lo habrán hecho posible.
Ahora empezarán algunos políticos a «reclamar un fecha de finalización». Y los medios de comunicación amplificarán esta demanda hasta la saciedad. Un error, en mi modesta opinión. ¿Cuándo se inaugurará la línea? Cuando se acaben las obras. Así que, si unos y otros quieren que el plazo sea el más breve posible, como queremos todos, el ejercicio realista que procede es exigir anualmente las dotaciones de presupuesto necesarias para que cada tramo avance todo lo posible. Y habrá que emplazar al Gobierno para que anticipe el ejercicio de su propuesta ley de «transparencia», diciéndonos lo que piensan hacer cada año, lo que presupuestan y, al final de cada año, lo que se ha invertido y lo que se ha avanzado realmente.
Pero si para el presente año 2012, en el que difícilmente se podrán invertir 200 millones de euros, presupuestan 700 y en las explicaciones del ADIF en el Congreso no aclaran cuáles son las partidas a las que los van a destinar, ¿quién les va a creer?
¿A qué le llaman transparencia?