L eemos en las páginas de este periódico una noticia que debiera poner los pelos de punta al más impertérrito individuo. El retraso judicial en la sustanciación de una causa reduce a 7 años la pena impuesta al varias veces violador de una niña, el cual en un par de años podrá disfrutar de permisos penitenciarios, y al siguiente lograr la libertad. Aunque en un principio el fiscal solicitaba 13 años, como nuestra bananera Justicia es más lenta que el caballo del malo, al ministerio público no le quedó más remedio que aplicarle al procesado, el cual ya había reconocido los hechos, la circunstancia atenuante del artículo 21 del Código Penal, relativa a las dilaciones judiciales indebidas. Si queremos regenerar España, pues hay que regenerarla por fuerte que esto pueda sonar, el Gobierno debe empezar por suprimir preceptos legales como el precitado. Primero, porque no hacerlo supondría reconocer que el problema de la lentitud de la Justicia no tiene solución, salvo la absurda de imponer unas tasas judiciales estratosféricas para que solo puedan litigar los ricos, y así, en un país donde cada día se suben al carro de los pobres miles de ciudadanos, descolapsar nuestros juzgados. Y segundo, porque si este artículo no se suprime, delincuentes como el que nos trata camparán a sus anchas aprovechándose de la inoperancia de nuestros legisladores. Por llamarles de alguna manera.