Quizá no sea la televisión pública, su regulación y su dirección el hecho más dramático para los ciudadanos en una acción de gobierno, de este Gobierno, sucedido en un abril de aguas mil. Da reparo hablar de ideología y de poder cuando la política alemana y europea nos someten, con la aquiescencia amarga del Gobierno y su partido, a tal pérdida de derechos y servicios públicos, a favor de mercados y poderes financieros. Pero el reparo, o la vergüenza, se ocultan porque es en la económicamente innecesaria nueva regulación de la televisión y la radio públicas donde se asientan las diferencias. Y sobre todo la decencia o la indecencia de una forma de gobierno.
De las cosas buenas que hizo Zapatero, que alguna hubo, una es la ley de la radio y la televisión pública, con renuncia desde el poder a unos medios de comunicación gubernamentales y/o partidarios, para, desde el compromiso de dos tercios de los parlamentarios, blindarlos en su profesionalización.
Y así vivimos, creyendo que tal acuerdo y tal legislación no se discutía y sería duradera. Sin reflexionar que esa coherencia entre lo prometido y lo realizado era verdaderamente difícil, como evidenciaba que ninguna de las corporaciones públicas autonómicas de radio y televisión hubieran emprendido tal camino. Sin embargo, con el decreto-ley urgente aprobado por el Gobierno popular, volvemos a la legislación del chicle: si tu gobiernas, sí; si yo gobierno, no.
Durante los últimos años augures áulicos como Dolores de Cospedal o Esteban González Pons anunciaban los tiempos recién llegados. La sistemática descalificación de los servicios informativos de RTVE, las acusaciones de favoritismo a favor del Gobierno socialista, e incluso los encontronazos públicos con periodistas del medio, pretendieron menoscabar el modelo. Y aun sin razón, tiempo les faltó para destrozarlo. Antes, dimes y diretes acabaron no solo con los dos primeros presidentes de la corporación no gubernamentales, sino que una vez más se ensayó el método popular: bloqueo de nombramientos cuando el acuerdo es imprescindible, concienzudamente ensayado en el Constitucional, el Defensor del Pueblo?
La breve etapa de seis años no gubernamentales en RTVE va camino de ser excepción. Y no tanto por la pluralidad informativa que de siempre nos había garantizado Urdaci. Lo que a la progredumbre (Urdaci insulta) nos molesta es que el ministro Montoro y la presidenta De Cospedal nos priven de Águila Roja.