Lo de Conde Roa es muy fuerte. Tras tantos años intentando ser alcalde de Santiago, ahora que lo es se aferra al puesto como si la vida le fuera en ello. El jueves se decidirá si sigue siendo querellado y no imputado, y el regidor metido a promotor inmobiliario debiera saber, por su condición de letrado, que, salvo inusual sorpresa, pasará a ostentar la segunda de las condiciones, lo que debiera llevarle a dimitir. Aunque solo fuese para prestarle un último servicio a su formación política. No solo presuntamente ha cometido delito fiscal, sino que la deuda es por no haber ingresado en las arcas públicas un dinero que no era suyo, 291.000 euros en IVA, impuesto que se recauda como intermediario para su posterior entrega al fisco. ¿No es eso más grave todavía que dejar de declarar la parte que pudiese corresponderle? ¿No hablamos de cuasi apropiación indebida? Al fin y al cabo, se ha apoderado del dinero de otros, ya sea para quedárselo o para entregárselo a terceros. Si esto último fuera cierto, ¿quién es él para proceder de tal forma y manera? ¿Acaso se cree un Robin de los Bosques del siglo XXI? En política, cuando a alguien lo cazan en semejante renuncio, lo único medianamente digno es marcharse. Y defenderse desde casa.