E l Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales. Esto, traducido a la práctica procesal, es tanto como decir que solo los que tengan una economía saneada podrán acudir a los tribunales en busca del amparo judicial. Dicen que lo hacen para paliar la saturación de los juzgados, a la vez que para sufragar la justicia gratuita. Señores del Gobierno, no nos hagan comulgar con ruedas de molino. Impidiendo a la gente con ingresos medios o bajos presentar un pleito, resulta muy fácil acabar con el colapso de nuestro sistema judicial. Hay millones de españoles que las pasan canutas para llegar a fin de mes, pero que ni aun con esas tienen derecho a la justicia gratuita. ¿Qué ocurre con esta gente, la inmensa mayoría de conciudadanos? Pues que, si un día sus derechos se ven vulnerados, tendrán que optar entre comer ese mes o acudir al juzgado de turno. ¿Cómo es posible que con la cantidad de expertos juristas que hay en el Gobierno ninguno de ellos conozca el artículo 14 de la Constitución, aquel que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley? ¿Por qué no llaman a las cosas por su nombre y reconocen que lo que necesitan es recaudar? Sería más honesto.