E n Galicia somos 550 los agentes forestales dedicados al cuidado de los montes y la extinción de incendios; este medio millar de agentes ejercemos como directores de extinción de prácticamente el 95 % de los incendios que ocurren a lo largo del año en Galicia. El trabajo es duro y endurece, el riesgo es evidente, pero el ver arder uno de los parques naturales más emblemáticos, como es el de las Fragas do Eume, sigue llenándonos de dolor.
La destrucción de una naturaleza tan rica apela a la responsabilidad fuera de duda del personal que trabaja en la extinción de los fuegos forestales, desde los brigadistas hasta los técnicos, pasando por los conductores y operadores de coches bombas y de los medios aéreos. Por desgracia, el clima no ayuda. La sequía tan dura que padecemos nos hace evocar el dramático verano del año 2006; nadie es libre de miedo, y con unas condiciones tan adversas, pedimos a la Administración gallega que ponga de su mano la contratación de los medios precisos para cubrir la labor intensa que nos espera, sobre todo medios humanos, porque, afortunadamente, en medios materiales Galicia es hoy una de las comunidades más avanzadas. Pero los efectivos que están trabajando ahora no son ni una mínima parte de los que lo hacen normalmente en verano. Todo esto revierte en cansancio y deterioro de la capacidad de acción de los que intervienen en las labores; demasiadas horas empleadas en combatir el fuego también revierten en menos eficacia. Nos gustaría que la Administración desestacionalizase estos trabajos y que pudiese afrontar con flexibilidad la contratación para responder mejor a los requerimientos del clima. Lo ideal sería que los contratos se dirigiesen a gente preparada. Profesionalizar los medios de extinción es rentable: la falta de experiencia lleva a la ineficiencia. Como no todos los brigadistas pueden ser expertos, al menos se debería mezclar al personal de cada brigada para que los nuevos aprendan de sus compañeros más habituados. No solo se mejorará así el resultado de los trabajos; también, seguramente, se evitará el dolor de ver cómo un brigadista pierde la vida por defender algo que es de todos.
Los riesgos disminuirían si a este esfuerzo en la extinción se añadiera la ordenación del monte; en muchas zonas observamos un abandono palpable. Habría que exigir limpieza, creación de pistas y cortafuegos y convencer a las comunidades de montes para que se unan y puedan afrontar la prevención. Estas labores, como es sabido, cuestan dinero. Un paso decisivo sería mejorar la rentabilidad del monte, reinvertir en él lo que allí se produce.
Los agentes forestales desearíamos que estas peticiones fueran comprendidas y respaldadas por la mayoría de nuestros conciudadanos. No es un capricho ni buscamos comodidad: en la defensa del patrimonio común cada día nos jugamos la vida.