Una encuesta entre los trabajadores daría probablemente resultados aplastantes de oposición a la reforma laboral y a favor de acciones de protesta contra unas medidas que introducen cambios sustanciales en la relación entre empleadores y empleados, a favor de los primeros.
Pero que la forma más adecuada de expresar su desacuerdo sea una huelga general en lugar de otras formas de presión tendría probablemente mucho menos apoyo.
En primer lugar, hay más de cinco millones de trabajadores que no tienen la posibilidad de sumarse, porque no tienen empleo al que dejar de acudir el día 29.
Aquellos que aun tienen trabajo pero su sueldo resulta imprescindible porque los otros miembros de la familia están ya en paro, se lo pensarán dos veces antes de asumir el riesgo de participar en la jornada de huelga.
Los de la hipoteca al límite y con la espada de Damocles del desahucio sobre su cabeza lo tendrán también crudo.
Algo similar les ocurrirá a los que trabajan en empresas con expedientes de regulación en marcha, con la amenaza de cierre o cuya disminución de ingresos en los últimos trimestres las facultaría para adoptar medidas de reducción del salario de sus empleados.
La huelga general es el gran recurso de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. Pero en este momento y en esta situación, suena a respuesta de piloto automático, ya descontada por Rajoy desde hace semanas y que tiene pocas posibilidades de hacer mella en un Gobierno con mayoría absoluta, sin la presión de unas elecciones lejanas y muy presionado por Bruselas y los mercados.