El ministro de Comercio había susurrado en inglés a un colega en Bruselas que la reforma laboral sería agresiva. En el contexto en que se empleó habría que entender la palabra al modo en que se utiliza para hablar de la terapia que se aplica a una enfermedad grave en la procura de su curación. El tiempo dirá si es acertada. La diligencia en adoptar ese tratamiento tiene mucho que ver con el intento de conseguir que en la Unión Europea se acepte una menor reducción del déficit que nos exige. Vista en su conjunto, la reforma va mucho más allá de la aprobada por el Gobierno socialista, que, cuando menos, ha resultado estéril.
Supone un cambio profundo en las relaciones laborales. Más que un estímulo para impulsar nuevas actividades, de entrada parece dirigirse a que no cesen las existentes. La desaparición de una empresa genera más paro que el despido, que ahora se hace más fácil. Esa cirugía social es posible, pero no tiene que ser de necesaria aplicación general. Es la última medida que debería adoptarse. Antes de llegar a ese extremo existen otras vías para mantener el puesto de trabajo.
La reforma introduce mayor flexibilidad, que se traduce en una menor intervención de la Administración y de los sindicatos. Una y otros son necesarios, pero no han de constituir barreras a salvar. Arrastramos una inercia de rigidez, ampliamente criticada, que no se corresponde con el dinamismo que requiere la actividad empresarial en este mundo competitivo y globalizado.
La reforma no debería interpretarse como una apuesta a favor de los empresarios y en contra de los trabajadores y los sindicatos, sus representantes, en una perpetuación de lucha de clases, si bien es cierto que los empresarios tendrán una especial responsabilidad en su aplicación. Debería entenderse por todos los actores como una apuesta por la empresa. Así, resulta comprensible que se dé una prioridad a los convenios de ese ámbito. En alguna ocasión se ha perjudicado a los trabajadores de una empresa por someterlos a un convenio colectivo de carácter sectorial menos favorable. De todo ha habido.
La actual crisis pone a prueba la calidad de los auténticos emprendedores y la consistencia de las empresas, que son muy variadas, no reducibles al modelo de propietario-capitalista. No es cuestión de extenderse en las causas del fracaso de iniciativas empresariales o de sus dificultades, ni de inquirir ahora eventuales responsabilidades sociales.
El auténtico emprendedor estará interesado en que prospere la actividad en que se concreta su proyecto vital. Aunque el beneficio forma parte de la lógica de la empresa no agota sus funciones. El bien común no le es ajeno. Una empresa es conjunción de esfuerzos de actores con cometidos diferentes y sus correspondientes derechos. Debería organizarse de manera que todo trabajador pueda ser «consciente de que está trabajando en algo propio». Desde esa perspectiva ética la dualidad empresario-trabajador no derivaría en estructural confrontación.