Q ue no quepa ninguna duda: todo lo que sea embridar el gasto público, hacerlo razonable, someterlo a la previsión del presupuesto y reprimir los excesos merece alabanza y apoyo sin límite. El dinero de las Administraciones públicas en cualquiera de sus niveles es el dinero de todos y se ha de administrar con tacañería. Y eso vale para situaciones de euforia económica como la vivida irresponsablemente en este país y para situaciones de penuria como la que nos toca padecer. Supongo que cuando se anuncian exigencias de responsabilidad penal no se está pensando solo en las comunidades autónomas, sino en todos los administradores de la cosa pública, desde el presidente del Gobierno de la nación hasta el alcalde de un municipio rural.
Ahora bien: cualquier reforma que se haga del Código Penal tiene que ser muy meditada. No es lo mismo sobrepasar el presupuesto por una inversión necesaria que por un aeropuerto que después no tendrá tráfico aéreo. No es lo mismo empeñarse por hacer hospitales que meterse en un gasto de subvenciones discutibles y a veces escandalosas. Condenar el exceso de gasto en bruto, sin matices y en términos generales, como si todas las actitudes fuesen iguales, puede hacer pensar que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo fundamentalismo. Cuesta trabajo creer que cualquier gobernante que hizo una obra que empeñó a una Administración -las de Madrid de Ruiz Gallardón o el Gaiás de la Xunta de Galicia- pueda ser considerado un delincuente.
Pero, en fin: el Gobierno dirá cómo lo piensa hacer, y el poder legislativo decidirá hasta dónde se puede llegar. Lo más inquietante como diagnóstico es que, si vamos al «todos a la cárcel» que dice Gaspar Llamazares recordando a Berlanga, se demuestra que la clase dirigente no tiene confianza en sí misma. Quien ejerce una función política se supone que es una persona que cumple las obligaciones del cargo que ha prometido o jurado. Entre ellas, la de administrar con rigor los fondos públicos. Si para conseguir una buena administración hay que amenazar con sanción penal, es que los políticos ni son de fiar, ni son responsables. Al revés: se les presupone (el señor Montoro sabrá por qué) una predisposición a la desobediencia, a la burla de la ley y a la ocultación de datos. Penoso espectáculo y lamentable impresión, que todavía se pueden empeorar con este detalle: la cantidad de gente que desde las redes sociales aplaude el anuncio. Parece que hay unas ganas locas de ver políticos entre rejas.
Yo, que soy algo más benevolente, me conformo con mucho menos: que se hagan pagar alguna vez los delitos ya previstos en el Código Penal.
Por si hace falta recordarlos, son dos: la prevaricación y la malversación.