L a transparencia es bienvenida siempre. Por ello, solo cabe aplaudir que la Casa del Rey hiciera públicos ayer sus gastos. El monarca no tiene obligación constitucional de dar a conocer su sueldo ni la forma en la que distribuye los 8.434.280 euros que los Presupuestos asignaron en el 2011 a la Casa del Rey. Hay que alabar la decisión de don Juan Carlos, o de quien le haya asesorado para ello. Pero, de la misma manera, solo cabe censurar al responsable o los responsables de que durante más de 30 años esos datos hayan sido ocultados a la opinión pública. Esa falta de transparencia alimentó las especulaciones sobre el estilo de vida de la familia real y causó un grave perjuicio a la Corona. Ese daño resulta irreparable, ya que la impresión generalizada es la de que los datos solo se han difundido cuando el rey se ha visto presionado por las graves acusaciones contra su yerno. No hay nada que ocultar en lo que se ha hecho público, aunque algunas partidas, como las de regalos y almuerzos, deberían moderarse en tiempos de crisis económica.