LA VICEPRESIDENTA, que lleva la batuta del día a día de las rutinas del Gobierno español, ha abroncado a los secretarios y subsecretarios de Estado por gandulear y aportar pocas iniciativas. Los periódicos más afines al Ejecutivo han interpretado el trompetazo de De la Vega como un intento de espabilar a sus huestes en un momento en que se da ya por vencida la legislatura. Pero, además, han filtrado una frase muy sugerente de la arengadora, que incide en el auténtico quid de la cuestión: «Parece que sobran la mitad de los ministerios, y si se suprimieran, ganaría el erario público», le espetó la vicepresidenta a sus altos burócratas. Es una cita en la que vale la pena detenerse. El Estado ha ido cediendo competencia tras competencia a las autonomías. La realidad es que a día de hoy muchos ministerios se han quedado deshuesados, aunque conservando la fachada oronda de boato y personal de cuando tenían un peso real. Caso paradigmático es, por ejemplo, el del Ministerio de Sanidad. La cuchara la tienen las autonomías, que son las que gestionan ambulatorios y hospitales, y el ministerio ha acabado por convertirse en una especie de instituto de buenas costumbres, que reparte consejos, canta las bondades del aceite de oliva y la verdura y hace informes casi periodísticos. Otro sepulcro blanqueado es el Ministerio de Vivienda: las gestiones que hizo Trujillo en tres años caben en un palillo y lo más recordado de su paso es una anécdota sobre los micropisos. También están muy mermados por el tirón autonómico Educación, Medio Ambiente y Cultura. Para bien o para mal, asuntos medulares de nuestra vida diaria (Educación, Sanidad) los manejan ya los gobiernos autonómicos. Ese cambio radical del modo de gobernar España no se ha acompasado con una reforma de los poderes de Madrid. Lo interesante es que a lo mejor, sin quererlo, tenía razón la vicepresidenta con su amenaza: una vez que se ha llevado la descentralización hasta el extremo actual, ¿no será tiempo de ir pensando en aligerar los ministerios y meterle un recorte al gasto público? Y hay más: ¿tienen sentido las diputaciones existiendo los Parlamentos y Gobiernos autonómicos? ¿Es racional que las grandes áreas metropolitanas, que son ya de facto una ciudad única, estén gobernadas por media docena de alcaldes virreyes, que cuartean el territorio y torpedean las políticas generales? ¿Por qué soportamos un Senado absurdo que no pega palo al agua? Da igual. No duden que seguiremos duplicando oficinas para hacer una sola cosa. Y es que en este país los coches oficiales nacen, se reproducen... pero nunca mueren.