PARA CUALQUIER observador independiente es obvio que la Diputación de A Coruña constituye una loable excepción en el panorama de los entes provinciales gallegos, y no sólo porque haya alternancia en el poder y se gobierne sin mayoría absoluta, sino porque se ha ocupado de crear una Administración moderna y competente que, sin distinción de color, reconocen todos los ayuntamientos. Las otras diputaciones que se van apartando del rol tradicional son Pontevedra, que, a pesar de las cómodas mayorías de que disfruta Rafael Louzán, lleva años en constante modernización administrativa y política, y la de Lugo, que al cambiar por primera vez de partido, de presidente y de mayoría, tiene abierto el camino de la reforma. Claro que la singularidad coruñesa también tiene una pieza muy importante en el carácter de su presidente, que, sin aferrarse a ninguna inercia o tradición, insiste en alentar y participar en el debate que suscitan las funciones de las diputaciones, su incardinación en la España autonómica, y las propuestas recurrentes de transformación o supresión de estas. Debido, quizá, a que tiene sus deberes administrativos cumplidos y su Plan Estratégico en marcha, a Fernández Moreda no le asusta nada un debate necesario y que dista mucho de concretarse en conclusiones objetivas. Y por eso se entiende que, en coincidencia con su toma de posesión y con los debates suscitados en un curso de la UIMP celebrado en Pontevedra, Fernández Moreda haya pedido un debate que sea sereno en sus formas -léase inteligente y con conocimiento de causa- y que se materialice en distintos ámbitos y niveles, sin que la inercia crítica impida ver la realidad de las cosas. Y hay que decir que a Fernández Moreda le asiste la razón en dos cosas importantes. La primera: que el debate sobre las diputaciones no es separable del de la organización territorial del poder municipal. Y la segunda: que, en la creciente diversidad que muestran los entes provinciales, no es leal ni científico poner la lupa sobre los más anquilosados en vez de hacerlo sobre los más modernos y eficientes. Con municipios como los que tenemos, la supresión de las diputaciones, o su vaciado institucional efectivo, generaría un caos. Y puestos a debatir el futuro de la Administración local, quizá sea un error haber empezado a medir por arriba en vez de hacerlo por abajo. Claro que, en todo caso, hay mucho que medir, mientras los ciudadanos empezamos a preguntar, sin miedo ni prejuicios, por qué tenemos que afrontar el siglo XXI con una organización territorial del XIX. En la agenda de la Xunta -dijo Méndez Romeu- no está este problema, lo que nos obliga a pensar en el porqué de tal anomalía.