EL PACTO lingüístico de 1983, del que yo formé parte en representación de AP, incluía entre sus cláusulas la obligación de todos los gallegos de conocer su idioma propio. También es cierto que, recurrido ante el Tribunal Constitucional, el precepto que obligaba a conocer el gallego fue anulado. Pero no por eso debe olvidarse que aquel acuerdo histórico, del que fueron piezas fundamentales Casares y Piñeiro, estaba basado en la conciencia de que no puede haber una realidad lingüística considerada normal si no reconoce que partimos de una situación artificial y negativa creada por la discriminación y persecución del gallego y sus hablantes. El idioma castellano, que también nos es propio, constituye un vehículo de comunicación entre los primeros del mundo, cuya fuerza lo hace avanzar por encima de las políticas de equilibrio lingüístico que los madrileños describen como persecutorias. Y nadie duda ya de que, más allá de los avances producidos por la introducción de las lenguas propias en los espacios oficiales y en las actividades subvencionadas, el catalán, el vasco y el gallego están condenados a minorizarse todavía más si no operan a su favor políticas desacomplejadas de discriminación positiva. Decir que el castellano sufre discriminación en las sociedades vasca, gallega y catalana es una gran mentira. Y es una evidencia, sensu contrario, que cada día resulta más difícil mantener el débil equilibrio alcanzado por los acuerdos lingüísticos vigentes. Y por eso resulta intolerable que se someta ahora al gallego -eternamente desterrado de las escuelas, de los medios de comunicación y de las élites sociales y económicas- al test de resistencia frente al castellano, como si el estatus actual de ambas lenguas fuese resultado de una lucha neutral y de una opción libremente adoptada por los que durante siglos mantuvieron vivo el gallego en los recovecos de la cotidianeidad. Me parece lamentable, y en buena lógica absurdo, que los gallegos tengamos que probar la necesidad de lo obvio -que nuestro idioma sólo vive por nosotros y para nosotros-, o que se le dé condición de referencia a una situación de hecho que, además de contradecir el valor esencial de nuestra identidad, no fue lograda en buena lid. La libertad de escoger el modelo lingüístico sólo es verdadera cuando se parte de un conocimiento equilibrado y un uso normalizado de las lenguas de un país. Y por eso considero que el decreto redactado con tanta valentía y tanto diálogo por Laura Sánchez tiene que ser defendido como un principio de identidad y de justicia histórica, y como la culminación necesaria del acuerdo lingüístico alcanzado, bajo el Gobierno de Fernández Albor, en 1983.