¿TIENE el mismo valor una señal de limitación de velocidad que una bandera roja en una playa? Cualquier conductor tiene asumido que si lo pillan a 120 por hora en una travesía urbana le cae un buen paquete y unos cuantos puntos del carné de conducir. Pero ¿encajamos del mismo modo que se multe a quien se mete en el mar pese a las advertencias de peligro? El Ayuntamiento de Ferrol está preparando una ordenanza municipal (por cierto, el anterior concejal de Medio Ambiente dejó prácticamente rematada una propuesta) que permitirá imponer sanciones a quienes se bañen cuando ondee la bandera roja. La iniciativa tiene el respaldo de la inmensa mayoría de la población, a juzgar por los resultados del debate abierto en la edición digital de La Voz de Galicia. Más de 70% de los lectores consideran razonable que se apliquen sanciones. Algunos municipios del Mediterráneo ya tienen las ordenanzas aprobadas, con multas que pueden llegar al medio millón de pesetas. Pero aún son bastantes los que consideran la playa y el mar el espacio perfecto para la libertad. Incluso si se trata de poner en peligro su propia vida. Creen que ni la bandera ni los socorristas tienen suficiente poder coercitivo. Ponen en duda la capacitación de quienes deciden el color del aviso y, en muchos casos, muestran una confianza soberbia en su dominio del medio. Hay un argumento definitivo para rebatir a los insumisos. Si en una playa hay bandera roja es porque hay socorrista, y éstos están obligados a auxiliar a cualquiera que esté en riesgo, aunque desafíe el peligro con total alevosía. La imprudencia de los infractores tiene un coste económico que pagamos entre todos y pone en peligro la vida de otras personas, lo mismo que hacen los conductores temerarios en las carreteras. Aún así, ¿qué autoridad tiene un socorrista para prohibir el baño? ¿Dónde estará el infractor cuando la policía reciba el aviso de los vigilantes? Los coches tienen matrícula, los bañistas, no.