HACE unos días conmemoramos con razón uno de los incuestionables éxitos de nuestra ejemplar e imitada transición política . Me estoy refiriendo a aquellas emblemáticas elecciones del 15 de junio de 1977. Un tiempo que tantos contemplamos con comprensible añoranza, pues estuvo caracterizado por los mejores rasgos de nuestro pasado colectivo: las infinitas ansias de reconciliación nacional entre españoles de uno y otro signo, la inquebrantable voluntad de cerrar las peores simas de una fratricida guerra civil y la decidida apuesta por conformar un régimen político de todos, entre todos y para todos, en libertad. ¡Y a fe que, echando la vista atrás, los resultados se han conquistado con creces! Pero afirmado esto, que es desde luego lo más sobresaliente, tampoco debemos caer en una anquilosada percepción de las bondades logradas, ya que, siendo éstas incuestionables, también se cometieron ciertas equivocaciones. Hace unos días, Rodolfo Martín Villa, uno de los personajes claves de la época, ministro de Gobernación y luego de Interior en los Gobiernos del presidente Suárez -y en quien por razones de su cargo recayó la responsabilidad de organizar y velar por la buena celebración de los comicios del 15-J-, señalaba determinados errores. En palabras del político leonés, «no debimos ceder la educación a Cataluña y el País Vasco». Un diagnóstico que comparto, pero que podría ser todavía matizado y desarrollado. Por supuesto, la íntegra transferencia de la educación, si no de derecho, sí de hecho, en manos de las comunidades autónomas, no ha sido acertada. De entrada, porque es razonable la exigencia de que en nuestros institutos y colegios, ya estén en Galicia, Andalucía, Madrid o Cataluña, se imparta una misma historia -¡qué diferencia con lo que acontece en Francia, Gran Bretaña, Alemania o Italia!-. Nada hay más inconveniente que magnificar las diferencias propias -si bien no estoy, por supuesto, en contra de conocer y valorar los rasgos singulares de los diferentes y ricos territorios de España- y posponer las vivencias comunes. Aunque hay algo peor. De un lado, la falsaria reescritura interesada de una historia inexistente de opresiones y persecuciones con el abierto ánimo de cercenar nuestra convivencia. Y, de otro, la desatención, casi completa en tales casos, por una exigua y acomplejada Alta Inspección del Estado. Pero, además, habríamos de replantearnos concretos aspectos de la vigente normativa electoral. Una reglamentación recogida en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 19 de junio de 1985, e inspirada en el Real Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977 regulador de aquellas elecciones de 1977. Una legislación que hipertrofia la representación de los partidos nacionalistas. Una decisión entonces comprensible, ya que lo preferente era construir, sin exclusiones, la España constitucional, y ello no hubiera sido posible sin la presencia de tales fuerzas. Pero en la actualidad, transcurridos treinta años, deberíamos reflexionar sobre la conveniencia de sopesar justificables cambios. Y así, además de redefinir el peso de los partidos nacionalistas en el ámbito nacional, tenemos encima de la mesa otras recurrentes reclamaciones ciudadanas: la apertura/desbloqueo de las listas electorales, la reducción de los gastos y el replanteamiento de la financiación de los partidos políticos. Y se me olvidaba, pero ello será objeto de análisis en otra colaboración: la potenciación, ahora que algunos hablan de poner letra a nuestra Marcha militar de tiempos de Carlos III, de nuestros raquíticos símbolos nacionales. Otra insuficiencia heredada, si bien ésta viene, para desgracia nacional, de más atrás.