EN LA semana en que celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente debo decir que la nueva ley de responsabilidad medioambiental impulsada por el actual Gobierno supone, de entrada, un indudable avance en la prevención de los daños que se derivan de nuestras múltiples actividades de riesgo (transportes peligrosos, procesos industriales químicos, biológicos, energéticos, emisiones, gestión de residuos, etcétera). Y digo avance en la prevención porque ese sería el mayor y mejor éxito de la ley: no tanto por las obligaciones en que incurre a posteriori el causante de una catástrofe, sino porque estas obligaciones incentiven la toma de medidas previas. Para conseguir eso, la primera condición que está en la nueva ley es que la responsabilidad exista al margen de que haya habido culpa o negligencia (que sería la responsabilidad civil clásica), y la segunda es hacer frente a la reparación de daños por una cuantía ilimitada. Esto tiene dos consecuencias dignas de mención: la primera, que ya no se trasladan -como venía sucediendo- buena parte de los costes de la reparación de daños a la sociedad y al presupuesto público; la segunda, que el potencial responsable debe suscribir una póliza de seguro proporcionada. El asegurador procederá a evaluar, con toda seguridad, los factores de riesgo y el coste de reparación de los daños potenciales al medio ambiente... con lo que toda buena práctica o medida de prevención, plan de emergencia, criterio de precaución, etcétera, por parte de éste bonificará su póliza y -lo que es mejor aún- reducirá el riesgo. Un auténtico círculo virtuoso. Pero lo malo es que la ley permite escapar de este redil virtuoso al menos a dos importantes riesgos ambientales: el transporte marítimo de hidrocarburos y los peligros de la energía nuclear. Dos ovejas descarriadas. Para las mareas negras, la nueva ley se remite a los convenios de la Organización Marítima Internacional (OMI-Fidac) que, como sabemos por el Prestige, no sólo tiene ahora un tope en mil millones para responsabilidad por daños sino que este importe lo financian las petroleras a escote, con lo que la póliza del armador (verdadero responsable de la seguridad) se limita a una cifra con frecuencia ridícula. Un círculo vicioso para el armador y su asegurador. En el caso de la energía nuclear, el procedimiento es semejante. La nueva ley se remite a las convenciones y convenios impulsados por el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que dice más de lo mismo: una responsabilidad limitada en su cuantía a unos setecientos millones de euros que provienen de la empresa y de un fondo internacional. Como incluye los daños al medio ambiente (antes de 1997 sólo era para personas y bienes), en caso de una crisis grave aquellos millones son, literalmente, calderilla. Eso sí, los que la defienden para luchar contra el cambio climático se permiten añadir que, además, es barata.