NO HAY POLÍTICO en estos días que no justifique sus posiciones echando mano de Juan Pueblo. El indiscutible rey de esta actitud es, sin duda, el presidente del Gobierno, quien, tras haber defendido durante meses la negociación con ETA argumentando que eso era lo que quería el pueblo, explica ahora que lo quiere el pueblo es todo lo contrario. ¡Pobre pueblo, que igual sirve para un descosido que para un roto! Esa utilización de la supuesta voluntad del pueblo como legitimadora de lo que deciden quienes por él han sido designados procede de la conversión en realidad de lo que constituye una ficción inevitable: que los representantes actúan según la voluntad de sus representados. Ocurre, sin embargo, que la voluntad de los representados resulta, casi siempre, una invención, obtenida mediante la regla de la generalización en la mayor parte de los casos. Cada elector vota por razones personales, de modo que un partido que recibe 10.000 votos recibe en realidad 10.000 mandatos diferentes. Nadie podrá negarle a ese partido su derecho a interpretar tales mandatos, pero parece excesivo el empeño en transferir al pueblo, como si tal cosa, la responsabilidad por lo que han decidido otros en su nombre. Los pactos locales que ahora discuten el PSdeG y el BNG son un buen ejemplo de esa abusiva transferencia. ¿Quién debe gobernar en Vigo, por ejemplo? La respuesta es bien sencilla: quienes decidan los partidos que han obtenido representación municipal aplicando las reglas fijadas legalmente. Puede hacerlo, por tanto, el PP, que tiene la mayoría relativa, o pueden hacerlo juntos quienes suman la absoluta: el PSdeG y el BNG. Cualquiera de esas dos opciones es legítima y ambas son, por supuesto, democráticas, aunque cada cual tendrá su propio juicio sobre cuál respeta mejor la voluntad de los vigueses. Lo que resulta abusivo es sostener que se decidirá esto o lo otro porque así lo quiere el pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Dónde ha dicho el pueblo lo que le atribuyen arbitrariamente sus intérpretes? Dejémonos de historias: no hay tal cosa. Y porque no la hay es por lo que resulta poco presentable que la interpretación de la supuesta voluntad del pueblo en los municipios donde se cerrarán pactos de gobierno no la realice, en cada caso, cada corporación municipal sino, alzadamente o en globo, una comisión negociadora que decide sobre todos los ayuntamientos de Galicia. Que pretenda hacerlo, además, atribuyendo a la voluntad del pueblo un pacto donde nadie, salvo la dirección de los partidos, pinta nada, supera con mucho lo que los concejales afectados deberían estar dispuestos a aguantar.