LOS DATOS no dejan lugar para la duda: el peso de los salarios en la economía española viene evolucionando a la baja desde hace más de una década. Si en el reparto de la riqueza nacional, las remuneraciones salariales representaban a finales de 1994 casi el 50 % del total, en 2006 no alcanzaron el 46,5 %. En realidad, no estamos ante un fenómeno específicamente español, sino que afecta al conjunto de los países desarrollados, y en especial a los europeos. Según la propia Comisión Europea, los ingresos por empleado del conjunto de la eurozona habrían crecido entre 1995 y 2005 a una tasa anual media del 2,6%, -el dato más bajo nunca registrado-, lo que ha significado una pérdida real de poder adquisitivo en algunos países. La redistribución ha jugado a favor de las rentas del capital y los salarios más elevados, pues en 2004 el 1% de familias más ricas acumulaba el 14% de la renta, frente a un 8% veinticinco años atrás. Es evidente que detrás de esa tendencia bajista, de momento leve, pero persistente y generalizada, está la tan traída y llevada globalización. Y ello por varias causas. Primero, porque la ya patente tendencia a deslocalizar la producción presiona significativamente sobre el poder de negociación sindical en ciertos sectores: a nadie sorprende ya, en todo el mundo desarrollado, que algunas empresas logren reducciones salariales a cambio de renunciar a planes de deslocalización. (Por cierto, que esta restricción es también muy real para los métodos empleados en las luchas obreras, pues ahora los sindicatos debieran ser conscientes de las posibles consecuencias en ese terreno de hechos como los vividos recientemente en Vigo). En la misma línea, la necesidad de competir abiertamente con productores de países con costes muy bajos obliga a las empresas a realizar un sobreesfuerzo para la reducción de costes, lo que les lleva a extremar su resistencia ante demandas de incrementos salariales. Y luego está el fenómeno de la creciente inmigración, que hace muy fluida la oferta de trabajo, sobre todo en los sectores de menor cualificación. Desde el punto de vista de la eficiencia económica general, todo ello constituye un notable desafío, y acaso una oportunidad para la modernización, pero ¿supone también un peligro para el Estado social europeo, tal y como algunas voces proclaman? No necesariamente: depende de las respuestas compensatorias de los poderes públicos. Y aquí entra en juego el Estado de bienestar. Pues el mantenimiento de sus grandes partidas (en el caso de España, su aumento) se convierte ahora en ineludible prioridad, para evitar que se profundice en la redistribución negativa de la renta.