CATORCE DÍAS después, se impuso la reflexión. Más vale tarde. Hay materia sobrada para que quienes han empujado a miles de trabajadores a sembrar el caos en las calles de Vigo reflexionen lo conseguido: pérdidas de cerca de cuatro mil millones de pesetas en las empresas de su sector, que repercutirán de alguna manera sobre los trabajadores; 50 millones de pesetas en mobiliario urbano, que pagarán todos los ciudadanos de Vigo y más de un millón diario que perdió el transporte urbano son algunas de las cifras más fáciles de conocer. ¿Quién evalúa las consecuencias para el autónomo que perdió repartos, las repercusiones para el vendedor que perdió citas con clientes y, por tanto, las comisiones que le dan de comer o para los pequeños comerciantes que vieron sus tiendas vacías porque los clientes no podían llegar? ¿Y quién calcula el daño causado a la ciudad más pujante de Galicia? Hechos como los que Vigo ha padecido estos días pueden hacer que deje de ser tan difícil hallar suelo empresarial en el entorno de la ciudad o que gane enteros entre grandes empresas la indeseable opción de la deslocalización. Los respetables derechos de 40.000 trabajadores no pueden ponerse por encima de los de medio millón de habitantes del área metropolitana de Vigo, que se vieron directamente afectados por el caos en que los responsables de estas movilizaciones trataron de sumir a la comarca y también el efecto negativo en la imagen de la ciudad de colas kilométricas en las carreteras bloqueadas, los contenedores ardiendo o los documentos oficiales arrojados por las ventanas. No es de recibo acercar la llama al barril de pólvora y sorprenderse de que estalle. A poco que miren un poco más allá de sus narices, los responsables de estos hechos verán que tiran piedras contra su tejado. Su lugar está en la mesa de negociación. Si salen a la calle, que sea para recuperar el respeto de sus conciudadanos, no para atropellarlos.