DADO que la batalla por los votos decisivos -los de los indecisos- se juega en todas las elecciones en el centro, es normal y hasta legítimo que los dos grandes partidos de la derecha y de la izquierda intenten arrimar a su principal competidor a los extremos para hacerse con la mayoría del botín. Pero que esa pretensión resulte lógica no quiere decir que valga todo para conseguir el objetivo de convertir al adversario en un peligroso radical. De hecho, hay ocasiones en que las armas empleadas son tan sucias que desacreditan a quien las utiliza más aun que a quien las sufre, al dejar al primero en evidencia. Estos días hemos vivido uno de esos episodios a cuenta de la exigencia del Partido Popular de que fuesen impugnadas todas las listas de ANV y no sólo una parte de las mismas, tal y como el Gobierno finalmente decidió. Obviamente, se puede estar o no de acuerdo con la exigencia del PP. Se puede considerar, desde luego, que el PP ha utilizado esa exigencia con la única intención de dañar la imagen del Gobierno y se puede incluso acusar a los populares de «extremistas» por defender una aplicación estricta de la ley, pese a que quienes ahora critican tal aplicación la aceptaran con entusiasmo no hace tanto. Lo que no se puede, sin renunciar a la decencia democrática, es hacer lo que han hecho de un modo reiterado varios dirigentes socialistas, la vicepresidenta del Gobierno y el coordinador de Izquierda Unida: afirmar, como si tal cosa, que la ley se ha aplicado con justicia frente a lo que pretendían los extremistas ¡de Batasuna y el PP! Es decir, a lo que pretendían, en un extremo, un partido democrático, que obtuvo en las últimas elecciones generales casi diez millones de votos, que tiene en el Congreso 148 diputados y cuyos militantes -algunos asesinados- son y han sido perseguidos por una banda terrorista (ETA) que ha contado durante años con representación parlamentaria (Batasuna)... y en otro extremo esa misma Batasuna que nació y existe para apoyar los asesinatos, las extorsiones y los secuestros de una banda criminal. Por si hubiera alguna duda sobre la indecencia de tal comparación, la agresión sufrida anteayer por una concejala bilbaína del PP tras ser increpada por un grupo de radicales cuando pegaba carteles de publicidad de su partido, ilumina mejor que mil palabras la auténtica naturaleza del paralelismo entre esos dos supuestos extremismos: los «radicales» del PP iban protegidos por escoltas para evitar ser agredidos y quién sabe si quizá ser asesinados por los amigos de los otros radicales con quienes, tan desvergonzadamente, se les equipara.