«DECLARO: que mi real ánimo es [...] declarar aquella Constitución y tales decretos, nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo [...]». Aquella Constitución era la de Cádiz; los decretos, los aprobados por las Cortes reunidas en 1810; y el declarante que se expresaba en tales términos en su Manifiesto de 4 de mayo de 1814, su majestad don Fernando VII, cuyo obsesión antiliberal llegaba al punto de querer no sólo escribir el futuro del país, sino también de borrar un pasado que debía desaparecer como si jamás hubiera acontecido. Sobre ese rey, de infausta memoria, y sobre todos los que, como él, creen que es posible suprimir la historia, eliminándola, cabría decir lo que Alejandro Dumas afirmaba en un célebre relato ( Las tumbas de Saint-Denis ) sobre los revolucionarios franceses que profanaron el panteón de los Borbones: «Pobres locos que no comprenden que los hombres pueden a veces cambiar el futuro... ¡nunca el pasado!». Y así, puede la Universidad de Santiago desposeer a Franco de su doctorado honoris causa, pero ello no cambiará el hecho cierto de que hubo un día en que el claustro de esa institución adoptó la abyecta decisión de premiar con tan honrosa distinción a un siniestro dictador. Como pueden nuestras Cortes declarar ilegítimos los juicios brutales de la represión franquista sin que esa decisión los borre de la historia. De hecho, la consecuencia más relevante que debería tener la declaración de ilegitimidad de aquellos juicios -la de servir de base a la reparación de los daños irrogados a quienes los sufrieron- es, curiosamente, la única que pretende excluirse de un modo taxativo. No, no se puede quitar la historia de en medio del tiempo. Y porque no se puede, resulta verdaderamente llamativa esa petición unánime del Parlamento de Galicia para que la Xunta inste a los gallegos a galleguizar sus apellidos. Los gallegos nos apellidamos como nos apellidamos, por más que a nuestros parlamentarios les moleste, porque así se apellidaban nuestros padres. Y éstos, a su vez, porque así se apellidaban los suyos, que heredaron sus apellidos de sus antepasados. Es posible, por supuesto, cambiar eso, pero no es fácil entender el sentido que tendría que una buena parte del país aceptase llamarse de una manera diferente a como se llama en realidad para darles gusto a esos amigos de la arqueología social y la ingeniería política que viven obsesionados con que Galicia vuelva a ser lo que supuestamente fue. Es decir, obsesionados con recuperar el pasado y no con ganar el futuro.