UNO de los elementos determinantes de la competitividad empresarial es la inversión en I+D+i, tanto a nivel general, estatal, como a nivel particular, empresarial. Su importancia quedó constatada en la Agenda de Lisboa, en la que los Estados miembros de la Unión Europea acordaron dedicar el 1,9% del Producto Interior Bruto (PIB) a investigación y desarrollo para el 2005, y el 3% para el 2010. A pesar de ello, en el caso español la realidad es bien distinta, por no decir dramática, dado que la mayoría de las comunidades autónomas españolas, a excepción de Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña, según un reciente estudio de Caixa Catalunya titulado Informe sobre la coyuntura económica , se encuentra en los niveles más bajos de la Unión Europea, junto con Portugal y Grecia. A fin de que España y las empresas españolas no pierdan competitividad y de que con esta pérdida aumente la diferencia del potencial de la economía española con el de las economías de otros Estados miembros de la Unión Europea, es necesario que todos, Estado y empresas, hagamos un esfuerzo conjunto, encaminado a abandonar el vagón de cola europeo en esta materia. En este sentido, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio acaba de publicar, como suele hacer todos los años por estas fechas, una resolución (16/03/07) y dos órdenes (ITC/561/2007, ITC/608/2007) por medio de las cuales efectúa la convocatoria 1/2007 para subvencionar proyectos y actuaciones de negocio y factura electrónicos y de contenidos digitales, por un lado, y nuevas tecnologías y patentes, por otro. Ahora bien, este hecho, que sin duda es importante por lo que tiene de regular, no lo es tanto por los conceptos subvencionables, la cuantía de las subvenciones o los beneficiarios de estas: a este paso difícilmente llegaremos al tres por ciento del PIB para el 2010 preconizado por la Agenda de Lisboa, ampliaremos el índice de nuestra competitividad nacional e internacional y reduciremos en consecuencia la diferencia de potencial con otras economías.