Ley de Dependencia: recursos y expectativas


QUE «la pela es la pela» es una verdad de carácter casi universal. En mayor grado lo es que la Ley de Dependencia no cumplirá satisfactoriamente con sus objetivos sin la financiación adecuada. La Xunta de Galicia tiene sobrados argumentos para justificar sus reivindicaciones presupuestarias en esta materia ante el Gobierno central y las comunidades autónomas más ricas. La justicia distributiva es una exigencia moral y política de primer orden. Ahora bien, tampoco vendría mal un poquito de autocrítica, de tal manera que nuestras autoridades autonómicas deberían preguntarse seriamente si están siendo suficientemente coherentes con lo que nuestra actual situación social demanda o si, por el contrario, están haciendo como aquel personaje que iba a pedir a favor de los pobres del Tercer Mundo montado en un Mercedes de gama alta y último modelo. ¿Con qué cara se plantan en Madrid a pedir más dinero para nuestros servicios sociales de atención a la dependencia cuando están enterrando en el monte Gaiás los suficientes recursos económicos como para ir cumpliendo más que aceptablemente con su parte del compromiso contraído en materia tan delicada?El texto normativo que salió del Parlamento español dejó demasiados flecos sin resolver, a merced de futuros consensos, y no precisamente en temas menores. Esto lo sabíamos todos, y algunos incluso nos atrevimos a denunciarlo públicamente por el riesgo de incumplimiento de las expectativas creadas que ello podía suponer. Antes de anunciar a bombo y platillo el cuarto pilar del estado de bienestar hubiera sido necesario concretar, pormenorizadamente, los evanescentes objetivos de la Ley de Dependencia. Responsabilidad viene de responder , un verbo que debieran conjugar con sumo rigor nuestros políticos. Generar en la opinión pública mayores expectativas de las que uno está en situación objetiva de cumplir es una grave irresponsabilidad y, por esa misma razón, una clara inmoralidad. Las indeterminaciones de los textos normativos son una pésima manera de organizar los asuntos públicos. Sobran vendedores de humo. La búsqueda de un consenso que vaya más allá de la pura estrategia es una tarea prioritaria. Porque mientras nuestros políticos discuten, las personas gravemente dependientes y sus familias siguen haciendo frente a sus problemas como buenamente pueden, con mucha frustración añadida por unas expectativas que no se están viendo realizadas.

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