LA POLÍTICA nacional continúa monopolizada, para nuestra desventura, por el terrorismo y el mal calificado «proceso de paz» pues perviven los altercados callejeros, el chantaje y la extorsión al empresariado y la altanería chulesca de los de siempre. Mientras, los españoles y vascos de bien seguimos sin escuchar lo único importante: el anuncio por los asesinos de la entrega definitiva y completa de las armas. Pero, entre tanto, se ha sumado a la partida una pieza nueva y, como ya sabíamos, de indiscutida significación. Me refiero a Navarra. Y así, se convocaba hace unos días una manifestación para reclamar el mantenimiento del statu quo de la comunidad foral frente a una posible incorporación al País Vasco, al tiempo que el presidente de dicha comunidad involucraba al mismísimo jefe del Estado en la defensa de su singularidad. Respecto de la manifestación, nada que decir, pues nos hallamos, ¡faltaría más!, ante uno de los derechos democráticos clásicos. En cuanto a la segunda, la honda preocupación y el exceso de pasión llevaron al presidente navarro seguramente más allá de lo conveniente. Al Rey por supuesto que le importa, y mucho, la integridad nacional, pero en una monarquía parlamentaria, éste se encuentra por encima de la refriega política cotidiana y de la fijación de la política nacional. Afirmado esto, hay razones para argumentar la pervivencia de su actual situación de comunidad diferenciada. En primer lugar, por razones históricas, toda vez que Navarra se configura como tal desde la Edad Media, cuando el rey Sancho III Garcés (992-1035) se erigía en el monarca más poderoso de España, impulsor de una federación de reinos cristianos, lo que le hizo ser llamado, con justicia, rex Hispaniae. En segundo lugar, por razones geográficas, ya que nada hay más falaz que hacernos creer que lo vascuence es lo exclusivo o dominante en dicha tierra. En tercer lugar, por razones constitucionales, pues Navarra disfruta, al día de hoy, de una situación semejante y consolidada, como acontece con el resto de las comunidades autónomas. Su Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, de 10 de agosto de 1982, es, al margen de su peculiar denominación, un estatuto de autonomía. Y así lo ha reafirmado el propio Tribunal Constitucional (sentencia 94/85, de 29 de julio). Y, por último, por razones de cohesión nacional. La futurible integración al País Vasco supondría un flaco favor en la defensa de los elementos comunes y de la unidad de nuestro Estado constitucional. Hablo de Realpolitik . Y esto son, como diría Harold MacMillan, «hechos, mi querido muchacho, hechos». Son, por tanto, razones de envergadura para respaldar la preservación de su particularidad.