Las rentas del agua y del viento

ALBINO PRADA BLANCO

OPINIÓN

CELTAS CORTOS

20 mar 2007 . Actualizado a las 06:00 h.

EN Cómo hacer que funcione la globalización (último libro del Nobel de Economía J. E. Stiglitz) hay muchas -y fundamentadas- propuestas que, dado el prestigio intelectual del autor, deben suponerse sensatas y realistas. A muchos otros economistas o bien no se les pasarían por la cabeza, o bien se cuidarían muy mucho de exponerlas tan crudamente. Son las ventajas de haberse aupado muy por encima de los lobbies de la profesión... sin haber dejado en el camino lo que por aquí llamamos sentidiño. Cuando habla de los recursos naturales y energéticos (bien del subsuelo de un país, como el petróleo o el gas, o bien de su superficie, como entre nosotros los cauces de los ríos, el viento de las cumbres o las aguas litorales) sostiene que los Gobiernos que en la venta o concesión de esos bienes naturales de propiedad pública no consiguen capturar todo su valor, es que sencillamente están engañando a su país. Esos países habrían sido literalmente timados, aunque se utilicen leyes que santifiquen el robo de esos bienes públicos. ¿Y qué entiende por «todo su valor»? Pues muy específicamente lo que llama renta del recurso: el valor que supera el coste de extracción y gestión. Con lo que si en el siglo XX en España se realizaron concesiones hidráulicas -aún vigentes- basadas en leyes que no capturaron la renta del recurso¿ El timo, el engaño y el robo están servidos. A día de hoy esa renta del recurso -escamoteada al país- se sitúa entre menos de los 3 céntimos de euro (con los que de sobra se cubren costes y márgenes industriales de la central hidroeléctrica) y los 9 céntimos que pagamos en el recibo de la luz por cada kilovatio. Cuando no se captura esa renta -sostiene Stiglitz- se transfiere riqueza, y más cuanto más suba el precio de la energía, a quien obtuvo la concesión a precio rebajado. Para el sector extractor de petróleo de los Estados Unidos, y después de la crisis mundial de los años setenta que impulsó los precios al alza, la reacción del Gobierno fue inmediata: un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras. Porque se estaban apropiando de una ampliación de la renta del recurso. Si lo aplicamos a la electricidad en España, el progresivo aumento del precio que se nos anuncia como inevitable estaría aumentando -de no intervenir fiscalmente- la transferencia de riqueza sobre la base de aquellas vetustas concesiones hidráulicas; el timo pasaría amplificado al siglo XXI. Mucho me temo que en el actual borrador de la nueva ley española del agua se pase de puntillas por la revisión y puesta al día de estas concesiones que Stiglitz calificaría, sin duda, de apropiación privada de las rentas de recursos públicos. Y también me temo que otros recursos naturales no menos públicos (el viento de nuestras cumbres, el agua de nuestro litoral) se pretenda que deben seguir el mismo camino. En todos estos casos el actual Gobierno gallego tiene la obligación histórica de evitarlo.