MANIFESTARSE, como hace unos días acontecía en Madrid, es, ¡faltaría más!, un derecho. Y, además, no un derecho cualquiera, sino un derecho fundamental reconocido en la Constitución. En efecto, el artículo 21 de nuestra Carta Magna dispone que «se reconoce el derecho de reunión pacífica¿ En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes». Una libertad de participación, tradicional e inveterada como pocas. Por ello, procede hacer, ante tantos disparates escuchados, varias consideraciones. De entrada, su indiscutible legitimidad democrática, tanto del partido convocante como de la ciudadanía asistente. Y es que las manifestaciones suelen responder simultáneamente a fines distintos, pero complementarios. El primero, en lo que tienen de cauce de expresión, sin intermediarios, de forma directa e inmediata, del parecer de la sociedad civil. El segundo, como explicitación del rechazo de los ciudadanos, o de parte importante de ellos, a la política de un Gobierno. Y, por fin, en tanto que vía de ejercicio de la oposición para censurar, y si le fuera posible, hasta impulsar, ¡claro que sí!, la caída del Ejecutivo de turno. Esto es lo propio de un sistema democrático. Nada, por tanto, de devaluación de las instituciones, de revueltas callejeras, ni de espurias agitaciones. De aquí que Jacques Robert, en su clásica obra sobre Libertés publiques, calificara este derecho como «una de las condiciones de la democracia pluralista». Segunda puntualización. ¡Qué es esta moralina, por parte de algunos sacerdotes laicos, de calificar unilateralmente las bondades y maldades de unas u otras manifestaciones! ¿Quién puede arrogarse el título de santificar unas y reprobar otras? Entre las buenas -se salmodia- estarían las movilizaciones del Prestige y la guerra de Irak. Y, entre las malas, las convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la aquí auspiciada por el Partido Popular. De momento, se salvan de la quema, ¡menos mal!, las ejemplares manifestaciones de febrero de 1981, respaldando la democracia ante el frustrado intento de golpe de Estado del 23-F; la de febrero de 1996, condenando el asesinato de Tomás y Valiente; el grito ciudadano de repulsa, en febrero de 1997, ante la execrable ejecución de Miguel Ángel Blanco, y en marzo del 2004, ante el brutal atentado del 11-M. Y tercera indicación. La referenciada movilización no puede poner en tela de juicio la legitimidad del Gobierno del presidente Zapatero. Ni su legitimidad de origen, ni su legitimidad de ejercicio. Serán los próximos comicios generales o, de presentarse y prosperar, una moción de censura, los encargados de tal menester. Otra cosa es, como decimos, el desacierto de una política antiterrorista que provoca el reproche, la indignación y el hartazgo de muchos. En un régimen parlamentario, la soberanía no se encuentra en la calle, sino en el Parlamento; y, hoy por hoy, el Gobierno sigue disfrutando del respaldo necesario en el Congreso. ¡Pero no traten, entre tanto, de confundir al pueblo soberano, ni dar lecciones de democracia!