CUANDO el Partido Nacionalista Vasco lanzó a sus militantes a la calle para presionar a la Justicia por la imputación de Ibarretxe, a todo el mundo le pareció inadmisible. Una cosa era la crítica y otra esa escenografía montada, que no tenía otro objetivo que intimidar a los jueces. Aquellas manifestaciones eran como el enfrentamiento de dos legalidades: la que representa el Tribunal Superior del País Vasco y la popular o política que querían levantar quienes convocaban las protestas. ¿Se puede decir lo mismo de la manifestación que la Asociación Víctimas del Terrorismo convoca para el próximo sábado en Madrid? Rotundamente, no. Las concentraciones del País Vasco eran previas o paralelas a la declaración de Ibarretxe. Tenían, por tanto, una clara voluntad de condicionar -hay quien dijo «chantajear»- la actuación judicial. La prevista en Madrid es una protesta posterior a la sentencia ya dictada sobre De Juana Chaos. No presiona; critica. Y, además de esa diferencia de fines, los convocantes son un sector tan sensible de la sociedad como las víctimas del terrorismo. Entre ellas, las víctimas de ese sanguinario en huelga de hambre. Conclusión primera: si no se puede establecer ni paralelismo ni identidad de fines, no los establezcamos. Ahora bien: la AVT, según el texto de la solicitud que ha difundido la agencia Efe, quiere manifestarse «en protesta por la rebaja de la condena» al citado terrorista. No pretende sólo, como dice en sus declaraciones, rendir un homenaje a los muertos, sino protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo. Pues, aun así, echo mano de la buena voluntad y lo justifico: es legítimo sacar a las gentes a la calle. Es la forma que tiene una asociación cívica de expresar su opinión, aunque sea dirigida a una institución básica, casi sagrada, como es la más alta instancia de nuestra Justicia. Lo que no tiene un pase es el respaldo que le presta el PP. Una fuerza política que quizá gobierne España dentro de un año no puede apuntarse a todo lo que se mueva en la calle. No puede situarse a la cabeza de una protesta contra una sentencia del Supremo. Si, como dice Rajoy, quiere que De Juana cumpla íntegra la condena de tres años, que lo haga constar en la solicitud de autorización; que lo haga poner en la pancarta de cabecera, o que lo reclame en el Congreso. Pero no ha hecho ni exigido nada de eso. Se apunta a manifestarse simplemente para seguir erosionando al Gobierno, y está en su derecho; pero no es su derecho de partido de gobierno sacar a su militancia a la calle para censurar al Tribunal Supremo. Podrá obtener votos con su gesto. Podrá mover nuevas voluntades contra Zapatero. Pero a un precio carísimo: el descrédito del más alto tribunal.