EN LA VERSIÓN enxebre del «laissez faire, laissez passer», la Xunta de Galicia lleva 25 años rozando el virtuosismo y, desde luego, la excelencia en este difícil arte tiene un listado de campeones: todos los que han pasado por el mando de la Consellería de Política Territorial. La cosa arranca con el propio Estatuto hace 25 años (artículo 27.3), continúa hace doce años con la Ley de Ordenación del Territorio (que anunciaba unas directrices con criterios y normas para localizar en el territorio las distintas actividades) y tiene su penúltimo episodio hace cuatro años con una nueva Ley de Ordenación Urbanística y de Protección del Medio Rural... que se comprometía a presentar, un año después, unas directrices (y van dos) y en dos años el Plan Sectorial de Ordenación del Litoral. En todos esos años las leyes aprobadas -sin directrices globales, sin planes sectoriales- han sido en buena medida papel mojado. Para decirlo con más precisión, la Xunta ha dejado hacer durante decenios a los ayuntamientos, y los ayuntamientos han encontrado en esa dejación un espacio real de poder, de discrecionalidad, de favoritismos a la medida de las demandas sin límite de todos sus vecinos, amiguetes y emprendedores inmobiliarios de todos los colores políticos (hasta independientes y bisagras); y también en las grandes ciudades. Es este un hábito que -fácilmente se comprende- crea dependencia y genera expectativas irrefrenables. Y en eso -ya se sabe, la vida democrática da sorpresas- cambió el personal al mando de la Xunta en el 2005; un periódico informó sistemáticamente del comprobable traslado del tsunami inmobiliario (los convenios del agente facilitador) del Mediterráneo a estas costas, y nosotros acostumbrados al «ti vai facendo». Es en este contexto en el que las medidas urgentes (conocidas como de los 500 metros) aprobadas por la Xunta y remitidas al Parlamento deben ser valoradas. Y aunque uno tiene serias dudas sobre el poder real de la nueva Xunta para poner en su sitio a sus grandes muñidores (los del que todo cambie para que todo siga igual), estos primeros 500 metros podrían ser el tibio comienzo de un más que necesario contratsunami. La inflexión que dejase por primera vez sentado que en la capital se gobierna, guste o no guste incluso a los amiguetes. También podría ser una buena oportunidad para que la hoy oposición acuerde con el Gobierno gallego lo obvio: que como en Galicia llevamos un enorme retraso acumulado en la redacción y aprobación de las Directrices de Ordenación del Territorio (diez años por los de antes y uno por los de ahora) y que como estas medidas urgentes se fundamentan en una norma de cuando ellos eran Gobierno (artículo 85.7.d y disposición transitoria octava de la Ley 9/2002), no es el momento de atrincherarse del lado de los habituados al «ti vai facendo». Y tampoco lo es de buscar votos sugiriendo que, con nosotros, la Xunta continuaría dejando que estas cosas las decidan otros. Para hacerlo bien nos sobra con el actual Estatuto, pero necesitamos un acuerdo nacional.