HAY ALGO especialmente sangrante que parecen compartir muchos de los medios y casi todos los políticos que, desde distintas posiciones, se han ocupado en las últimas horas de la recusación del magistrado Pérez Tremps: la presunción de que el constitucionalista madrileño actuaría en su labor interpretadora de la Constitución según algún tipo de disciplina prefijada de antemano. Sólo hay que conocer a Pérez Tremps -y yo lo conozco muy bien desde hace más de veinte años- para saber que quienes pudiesen albergar tales pretensiones iban dados: su impecable trayectoria como jurista y su probada honestidad se hubieran puesto a buen seguro de relieve otra vez más con ocasión de su participación en los debates sobre la constitucionalidad del Estatut. Pero éste, señores, es el signo de los tiempos: los pillos, los sectarios o los directamente sinvergüenzas imparten a diario lecciones de moral, mientras personas honorables que han dedicado su vida a trabajar son puestas, con una alegría del todo irresponsable, a los pies de los caballos. De hecho, la recusación final de Pérez Tremps -impensable en un ambiente político que no fuera, como el actual, irrespirable- envía el peor de los mensajes sobre la última batalla de la guerra estatutaria catalana: el de que esa batalla va a ser a cara de perro y va a resolverse, dentro del Tribunal Constitucional, con vencedores y vencidos. Lo que equivale a decir que la sentencia del Constitucional, sea la que fuere, no servirá políticamente para nada. Había una posibilidad -sólo una- de que el Tribunal pudiera cerrar jurídicamente el más grave conflicto político vivido en España desde la aprobación de la Constitución: que la sentencia sobre la constitucionalidad del Estatut se adoptase, si no por unanimidad, sí por amplia mayoría, de modo que quedase conjurada la, de otro modo, irresistible tentación del perdedor -sea troyano o sea tirio- de deslegitimar de plano al propio tribunal sentenciador en cuanto su pronunciamiento fuera conocido. Renunciar a esa búsqueda de acuerdo y aceptar que el Tribunal decida jurídicamente por los pelos lo que se ha ganado políticamente sin consenso sería la mejor manera de que, lejos de resolverse, el conflicto se agriase hasta extremos de delirio. Se escribiría, así, el epílogo dramático de una historia malhadada que empezó el día en que alguien pensó que podían romperse, como si tal cosa, los consensos básicos de la transición. Las primeras líneas de ese epílogo acaban de escribirse: una recusación que indica bien a las claras que lo que empezó como un fiasco podría terminar como una auténtica debacle.