SEIS reuniones necesitó el Tribunal Constitucional para adoptar una decisión traumática: recusar al magistrado Pablo Pérez Tremps, tal como había pedido el Partido Popular. Las razones de tal medida se basan en que el señor Pérez Tremps efectuó un informe para la Generalitat de Cataluña en el 2003. Por ese informe cobró la cantidad de 6.000 euros, según consta en un recibo que el PP filtró a la prensa. Dado que la próxima gran sentencia del TC será el Estatuto de Cataluña, el PP entendió que Pérez Tremps es una persona que no puede dar una opinión imparcial. La mayoría conservadora del Alto Tribunal entendió lo mismo y aceptó la recusación. A partir de ahora, la incógnita. Si Pérez Tremps continúa como magistrado, faltará su voto. La relación de fuerzas será la siguiente, a efectos del Estatuto catalán: votos favorables (progresistas), cinco; votos en contra (conservadores), seis. Curiosamente, sólo el recusado Pérez Tremps puede salvar la situación. Si dimite de su puesto, el Gobierno podría iniciar el procedimiento de nombrar a otro progresista, y se mantendría un equilibrio que forzaría al desempate del voto de calidad de la presidenta. Si no desea dimitir, y nadie le puede obligar, háganse ustedes a la idea de que una o varias partes del Estatut serán declaradas inconstitucionales. Como el oyente se puede imaginar, el PP lo está celebrando. Es su gran victoria inicial en la cruzada que emprendió contra esta norma. Para el Estado, en cambio, se abre una crisis. Ya es complicado anular -total o parcialmente, da igual- una ley ratificada en referéndum. Pero será mucho más difícil silenciar al nacionalismo si esa decisión ha dependido del destino de una sola persona y de la maniobra interesada de un partido. Y digo interesada porque, ¿de verdad se puede recusar a un señor por un informe hecho hace más de cuatro años, con otro gobierno, cuando él no era magistrado, y cuando el Estatut no era siquiera un borrador? Personalmente, tengo serias dudas. Pero me preocupa más el futuro institucional de este país. Si los magistrados del Constitucional funcionan también en bloque y defienden los intereses o convicciones de quienes los han propuesto, adiós a la imparcialidad de esta institución. Adiós a su credulidad. Y adiós a la confianza, porque se habrá empezado a demostrar que la constitucionalidad de una norma tan importante como el Estatuto de Cataluña no depende de ningún rigor. Depende de que un señor, un solo señor, sea o no sea recusado. La estabilidad política de un país y la ordenación del modelo territorial del Estado no puede depender de eso. Y si depende, todo el traje institucional de España está cogido con alfileres. Es decir, se puede descoser.