LA ADMINISTRACIÓN local gallega necesita cambios profundos. En diseño y organización, en competencias y financiación, en capacidad para gestionar con solvencia los servicios. Por su importancia social, el municipio encabeza el pelotón, pero no está sólo en tan urgente menester. En lo que sigue, expondremos las razones que justificarían a nuestro juicio tres cambios relevantes. El primero se refiere a competencias y financiación municipal. En efecto, cuando se observa el protagonismo institucional que exhiben los distintos niveles de gobierno en los países federales a través del gasto público, las cifras son ilustrativas. En el 2003, la media registrada en seis países (Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Suiza y Estados Unidos) es la siguiente: nivel central, 55%; nivel intermedio, 27%; nivel local, 18%; mientras en España (2005) esos porcentajes son: nivel central, 51%; nivel intermedio, 36%; nivel local, 13%. O sea, la experiencia comparada dice que debemos reforzar el nivel local de gobierno con mayores competencias y recursos procedentes de las comunidades autónomas. Pero dado el exagerado minifundismo municipal, así como sus distintas capacidades gestoras, el proceso tendrá que ser ordenado y selectivo, incluyendo además los cambios necesarios que exige la normalización tributaria del municipio gallego. Este camino debería iniciarse ya. Un segundo cambio es reforzar los mecanismos de control y disciplina urbanística para garantizar que lo construido se ajuste a la licencia, haciendo efectiva, en caso contrario, la reposición de la legalidad y la sanción correspondiente. En esta materia debemos reconocer nuestro fracaso colectivo. La Ley 9/2002, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural, creó la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, ente público de naturaleza consorcial (modificada por la Ley 15/2004), que estimamos de enorme utilidad para realizar esa función. Pero van allá más de cuatro años y todavía nada funciona. La necesidad y urgencia de este cambio es evidente. Finalmente, se debería potenciar el capital humano del municipio. Este es también un cambio de sumo interés por las responsabilidades y complejidades crecientes que en un futuro próximo debe asumir la entidad. Las ayudas a tal inversión pueden ser diversas (subvencionar de modo decreciente durante dos / tres años el coste de plazas cualificadas; incluir subvenciones específicas, etcétera). Sustituir cemento por inteligencia es interesante y rentable, pero el incentivo debe ser externo. El político miope se ahoga en el corto plazo y desprecia lo intangible. Por eso esta inversión municipal es una prioridad. Aunque pueda sorprender, la modernidad de Galicia también se juega en el municipio.