EN LOS ÚLTIMOS cincuenta años, el ser humano ha sometido la naturaleza a la más desconsiderada alteración, en una progresión geométrica que ha perturbado de un modo quizá ya irreversible su curso normal (que es el que se mantuvo, sin interrupciones humanas, hasta comienzos del siglo XX). Las referencias científicas son elocuentes e incontrovertibles, pero la pertinacia de los Gobiernos a la hora de hacerse los sordos es inconmovible. Y no se trata sólo del cambio climático o del envenenamiento del suelo planetario. También cuando se habla de las aguas de los ríos, en el caso de España, los políticos de nuestras autonomías están dispuestos a sumarse a la malhadada hazaña de acabar de descoyuntar el equilibrio natural. Así lo plantean las reformas estatutarias que defienden algunos y que han sido tratadas -a cara de perro- en la Conferencia de Presidentes autonómicos. Hasta aquí han llegado las aguas de nuestras políticas de campanario. Y amenazan con anegarlo todo, excepto la sinrazón. La realidad es que no teníamos un problema y ya tenemos varios acerca de una misma cuestión. La pregunta podría formularse de un modo que, si se piensa, resulta vergonzante: ¿quién manda en los ríos? Y, en nuestro caso, ¿quién manda en cada trozo de un río que pasa por distintas comunidades? La respuesta de hace un siglo hubiera sido que no manda nadie, es decir, que manda la naturaleza. Pero ahora, con la aparente sana ambición de gestionar bien el agua y corregirle la plana a la torpe naturaleza, todos empiezan a querer gobernar cada litro de agua. Algo mucho más preocupante de lo que parece. Abundan las experiencias internacionales que pueden alertarnos de los riesgos. La racionalización del uso del agua debe empezar por respetar al agua misma, a sus ríos y a sus cuencas. Sólo así se podrá obtener un resultado óptimo sin apalear irresponsablemente a la naturaleza ni favorecer que las comunidades autónomas acaben a garrotazos. El agua es un bien escaso, y como tal debe ser considerado, pero siempre desde una unidad de resolución capaz de conciliar los intereses de todos. Nuestra legislación pasada se elaboró con talento y funcionó. Esperemos que la futura, también.