LA PENA de muerte no es, bajo ningún concepto, una forma aceptable de hacer justicia. Más grave aún es que la pena capital se aplique a un reo que no dispone de las garantías legales suficientes para una defensa adecuada, o que la sentencia sea dictada por un tribunal que a todas luces carece de la imprescindible independencia e imparcialidad. Por eso la comunidad internacional, de forma prácticamente unánime, ha condenado la ejecución de Sadam Huseín. Desde la Unión Europea al Vaticano, pasando por organizaciones como la ONU o Amnistía Internacional, las críticas con la ejecución arrecian en todo el mundo. Naturalmente, esta masiva denuncia no se debe sólo a preocupaciones legales y humanitarias -referentes siempre irrenunciables-, sino también a la necesidad de aclarar la dimensión política y moral del conflicto iraquí. La ejecución de Sadam deja sin efecto la persecución penal de los hechos protagonizados por el dictador en los años ochenta y noventa. Y es evidente que en un proceso público y transparente sobre dichos acontecimientos, Sadam, además de responder por sus innumerables crímenes, podría haber sacado los colores a la Administración norteamericana al revelar datos sobre las estrechas y oscuras relaciones mantenidas entre ambos países en el pasado. El déspota iraquí podría haber aportado pruebas irrefutables que hubiesen demostrado, sin lugar a dudas, que la política exterior de Estados Unidos, contrariamente a lo que se proclama, no tiene relación alguna con la defensa de la democracia y los derechos humanos, sino con la persecución de sus exclusivos intereses económicos y estratégicos. Por eso un juicio de esas características, presidido por un Tribunal Internacional y con todas las garantías para la defensa del procesado, no se ha podido celebrar. Sin embargo, con la ejecución de Sadam se incrementarán las presiones, interiores y exteriores, con el fin de restablecer la plena soberanía del pueblo iraquí. Algo que dista mucho de las intenciones de Washington, cuyo objetivo prioritario consiste en garantizar durante muchos años el control estadounidense de la célebre elipse estratégica de la energía, el área que se extiende desde la península Arábiga a Asia central. Si en Irak se instala algún día un Gobierno representativo y éste es fuerte y eficaz, no tolerará la presencia extranjera. Si, como pretende Estados Unidos, es débil, impopular y corrompido, aceptará el apoyo extranjero; pero entonces no será tolerado por su propio pueblo. Por eso la muerte de Sadam no resuelve ninguno de los grandes problemas políticos y militares a los que se enfrentan Estados Unidos y sus aliados en la antigua Mesopotamia. Porque la resistencia iraquí no es el producto de una conjura entre los nostálgicos del viejo régimen renuentes a perder sus privilegios, sino el resultado de la lógica y creciente respuesta de un amplio sector de la población a la ocupación colonial de su país. Por eso la ejecución de Sadam, además de chocar con la conciencia de nuestro tiempo, es inútil.