TRAS MUCHOS MESES de contactos indirectos con ETA y Batasuna, Zapatero llegó un día a la conclusión de que los terroristas habían decidido disolverse a cambio de un buen trato para sus presos y fugados. El presidente del Gobierno hizo entonces aprobar una moción en el Congreso -la del 17 de mayo del año 2005- que transparentaba sus planes para lo que llamó «un final dialogado de la violencia terrorista». ETA anunciaría la irreversibilidad de la tregua permanente y Batasuna, libre de su tutela, pasaría a legalizarse por la ventanilla del Ministerio de Interior. Cumplida esa indispensable condición -el final del terrorismo-, el Gobierno y ETA hablarían del futuro de los terroristas y los partidos vascos negociarían un nuevo Estatuto que no podría presentarse como fruto del chantaje, pues ETA habría ya desaparecido para nunca más volver. Aunque, desde el principio, Zapatero proclamó que el proceso sería largo, duro y difícil, la alegría de su rostro y el desparpajo con el que decidió, sin dudarlo ni un minuto, prescindir del apoyo del PP, traicionaban sus palabras e indicaban bien a las claras que el líder del PSOE estaba convencido de que la victoria sobre ETA estaba hecha y de que, en tal situación, nada ganaba regalando al adversario parte de un éxito cantado. Obviamente, el Gobierno construyó un discurso que resultaba coherente con sus planes: no se hablaría con ETA mientras no proclamase su decisión de abandonar, la política vendría después del final de la violencia y para hacerla sería necesario cumplir con las exigencias de las leyes. Ahora sabemos que el Gobierno erró en sus presunciones de partida -quizá por el optimismo antropológico de su presidente-, pues nada ha salido como se había planeado: ETA no ha abandonado la violencia, sino que la patrocina y se rearma; Batasuna no se ha legalizado, ni se ha desvinculado de ETA, ni ha condenado ni un solo acto de violencia callejera; y ambas, que son la misma cosa, han dejado claro que toda negociación pasa por discutir de la anexión de Navarra y la autodeterminación, es decir, de lo de siempre. Esa situación ha llevado al Gobierno no sólo a violentar sin rubor todos sus planes -se está hablando con ETA sin un anuncio de abandono irreversible, se está hablando de política antes del final de la violencia y se planea, al parecer, legalizar a Batasuna sin que rompa con ETA o sin que ETA se disuelva- sino a hacerlo manteniendo el mismo discurso que planeó cuando creyó estar en condiciones de cumplirlo. Lo primero supone una violación de lo acordado en el Congreso. Lo segundo, una deliberada decisión de engañar a la ciudadanía.