LA MADRE de todas las corrupciones es la confusión interesada entre lo público y lo privado. Y por eso es posible identificar formas de corrupción que parten de personajes públicos, cuando éstos aprovechan el poder para incrementar sus arcas personales; o que circulan exactamente al revés, cuando se manipulan intereses privados para condicionar el destino de recursos públicos. En la España de hoy se detectan dos situaciones de escándalo. Una, relacionada con la construcción, que nos muestra a numerosos alcaldes y responsables de la gestión urbanística que utilizan la información privilegiada para favorecer empresas propias o para impulsar negocios privados que engrasan la maquinaria de los partidos y a sus intermediarios. Y otra, relacionada con el deporte, en la que algunas sociedades anónimas mercantiles o deportivas tratan de cotizar la simbología de los clubes a beneficio de sus gestores, hasta el punto de forzar a las autoridades a hacer transferencias de capitales, recalificaciones de terrenos, o cesiones de bienes y derechos de naturaleza pública, para que redunden exclusivamente en beneficio privado. Y hay que decir que el hecho de que algunas de estas operaciones cuenten con un amplio apoyo social en modo alguno les resta gravedad a los hechos ni mejora la gestión de las autoridades que utilizan estos enjuagues para tapar los progresivos desajustes detectados en la economía de los clubes. En este contexto se detecta el intento de algunos presidentes de confundir la gestión económica de sus clubes con los intereses generales de las ciudades, invocando para ello los numerosos y lamentables antecedentes que hablan de recalificaciones más que dudosas realizadas a favor del Real Madrid, del Valencia o del Atlético de Madrid. Pero, sobre el hecho de afirmar la gravedad de los precedentes citados, que bien podrían ser objeto de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, lo que pretenden esos dirigentes va más allá de lo que se hizo hasta ahora, ya que, lejos de estar intentando revalorizar unos estadios de su propiedad, pretenden valorizar a favor de sus clubes -en cualquiera de las fórmulas barajadas- unas instalaciones de propiedad pública municipal. Por eso creo que las autoridades municipales tienen la obligación de gestionar este asunto sin caer en la confusión entre lo público y lo privado, y sin generar ingentes cantidades de recursos al servicio de economías particulares. Y todos los ciudadanos tenemos la obligación de no confundir una sociedad anónima deportiva con la ciudad. Porque no es bueno que la representación simbólica de una ciudad se convierta en una llave maestra que abre, de forma indebida, todas las arcas públicas.