UN TEST para chequear la calidad de una democracia es medir la transparencia del gasto público. Robert Mugabe, que desde hace 25 años mangonea Zimbabue con mano de hierro, no tiene que dar explicaciones. Si ordena construir un nuevo palacio presidencial en las afueras de su capital, Harare, el Parlamento y la prensa no van a fiscalizar el gasto. Da igual que el chalé haya costado unos 2.000 millones de pesetas, en un país donde la mitad de la población vive del socorro internacional. Pero cuando Alemania decidió remozar la cúpula del Reichstag en 1999 y le encargó el proyecto a Norman Foster, los berlineses conocieron al detalle el precio de la obra y los honorarios del arquitecto inglés (5 millones de marcos, cuyo pago, por cierto, se demoró al detectarse deficiencias en el edificio). Las autoridades germanas saben que están obligadas a informar de cómo se gasta el dinero público, porque Alemania es una democracia madura. Pero el jefe de Zimbabue puede vivir tan pancho en la opacidad, porque allí no han calado los hábitos del mundo libre y el país es su leira. La vieja democracia estadounidense opera bajo una máxima: «La gente tiene derecho a saber». Películas tan pedestres como Eric Brockovich , con la linda Julia Roberts, muestran algo real: un ciudadano corriente de EE.UU. puede acceder a la documentación oficial que reclame, salvo contadas excepciones, como que afecte a la seguridad. Y es que lo contrario sería un disparate: ¿Cómo puede el Estado hurtar información contable a la ciudadanía si se está gastando el dinero que ha aportado la gente? (Por cierto: ¿Alguien sabe cuánto cobra el neoyorquino Peter Eisenman como arquitecto del monte Gaiás? No claro, porque la Xunta no facilita ese dato. Pero es normal. Seguramente le están pagando a escote los políticos que han encargado la obra. ¿O lo harán con los impuestos de todos los gallegos? Sería raro).