LA LEY contra la violencia de género, aprobada por unanimidad, y en respuesta a una demanda social tan dramática como evidente, se está mostrando como un rotundo fracaso. Y sólo la necesidad de «mantenella y no enmendalla», que va implícita en todas las formas de pensamiento único, está permitiendo que el sempiterno discurso sobre la falta de medios y la escasa implicación de los jueces sustituya a la necesaria evaluación de una política que no sólo no ofrece soluciones claras, sino que empieza a dar muestras de constituir -¡seamos valientes!- una parte del problema. En esta ley, idolatrada por el pensamiento correcto, admirada por propios y extraños, y puesta de ejemplo por conferenciantes pagados que nadan a favor de la corriente, se dejan ver todos los vicios que van anexos a la diarrea legislativa que padecemos, cuyo verdadero objetivo consiste en dar la sensación de que hemos hecho los deberes y solucionado un problema, cuando lo único que hemos logrado es pasarnos las responsabilidades de unos a otros como pasan sus cartas los trileros: del ejecutivo a los jueces, de los jueces a la policía, de la policía a la sociedad y de la sociedad a los políticos. El primer error de esta ley proviene de hacer un diagnóstico muy simple de un problema complejo, que impide analizar las causas y los ambientes en los que se genera y activa la violencia de género, para centrarse sólo en el momento final del proceso. El segundo error viene de asumir un análisis maniqueo de la pareja, que, si bien permite sacar rápidas consecuencias, puede desfigurar los hechos. El tercer error, muy grave y generalizado, consiste en haber maleado las técnicas procesales para llegar al problema por atajos varios, sin advertir que la propia ley iba a crear un amplio campo de injusticias, abusos y errores procesales. La quinta equivocación consiste en positivar situaciones negativas, como si el hecho de romper parejas y extender sospechas generalizadas sobre conductas masculinas fuese algo equivalente a la felicidad y el progreso. Y el sexto error, y por ahora último, consiste en fiar la corrección de las conductas criminales al agravamiento de las penas, sin darse cuenta de que el que ejerce la violencia de género ya da por descontado un castigo que entiende y acepta como un colofón de su crimen. A favor de la ley se invoca su capacidad de concienciación y la extensión de la protección social y policial a las mujeres agredidas. Pero ésta es una línea judicial y policial insostenible e ineficaz. Y por eso sería bueno que empezásemos a reflexionar sobre si la felicidad está en los juzgados y al margen de los valores. Porque mucho me temo que estamos equivocados.