A LA HORA de calcular las necesidades inversoras de Galicia, esas que ahora quieren que garantice el Estatuto, los socialistas mantienen que con 1.700 millones de euros anuales sería suficiente, porque, emulando al modelo catalán, supone una asignación del 8% de la inversión del Estado, y materializa un sistema de financiación solidario que nos sitúa dos puntos por encima de lo que nos correspondería en función de nuestra aportación al PIB. Pero si miramos al BNG, que se apega al nebuloso criterio de la deuda histórica, esa cuantía se eleva hasta los 2.100 millones de euros, porque, una vez establecido lo que es justo para Galicia, no tiene ningún sentido echar cuentas sobre la viabilidad jurídica y la sostenibilidad económica del modelo. Y si el que habla es el Partido Popular, que parte de la convicción de que ellos ya lo tenían todo resuelto, hasta que los ignorantes y desagradecidos electores metieron la Xunta en manos de unos pardillos inexpertos, la petición se sitúa en 2.500 millones de euros anuales, que es lo que nos habría dado Aznar si no le hubiésemos hecho la puñeta, y lo que suman las promesas abundantes con las que se cerró la etapa fraguista. Lo que yo pido, por si usted quiere saberlo, son 5.000 millones. O 10.000, si mejor me cuadra. Porque, después de darme cuenta de que la cantidad aumenta en 400 millones en cada onda de partido que se aleja del poder -PSOE, 1.700; BNG, 2.100, y PP, 2.500-, bien me puedo permitir, como independiente que soy, pedir a destajo y esperar a que pague el Rey. Y por eso le invito también a usted a que eche sus propias cuentas y pida por esa boca, para que por pedir que no quede, y para que se sonrojen nuestros próceres por restringir gastos sobre la cuenta del Estado. Claro que lo que se intuye después de esta pandeirada económico-contable es que entre lo que se pide en abstracto, lo que se calcula en concreto, lo que se presupuesta de hecho y lo que se gasta de verdad no hay ninguna relación, ni directa, ni indirecta, ni mixta. Y que por eso el Gobierno Zapatero se está permitiendo este festejo de fuegos artificiales que, si hubiese libertad en la opinión y en la crítica, científicos en las cátedras y en los bancos, diputados diligentes en los parlamentos y ciudadanos que se toman en serio la política en la calle, sería considerado una monumental bufonada, además de una explicación cierta y suficiente de por qué se puede prometer durante veinte años una obra que es ejecutable en dos. Lo grave para nuestro Estatuto no consiste en que nos nieguen una declaración quizá benéfica sobre la financiación, sino en haber aceptado un sistema que sólo puede cuadrarse con artificios contables.