EL PRÓXIMO martes se inicia el debate de política general en el Parlamento de Galicia. Es la primera vez que Touriño interviene en ese debate como presidente de la Xunta, y es también la primera ocasión en dieciséis años en que el presidente del PP actúa como jefe de la oposición. A uno y a otro se les exigirá mucho. A Touriño, que explique con rigor la gestión realizada durante los catorce meses de su mandato y que explicite los ejes políticos que dan coherencia a la acción de su Gobierno. A Núñez Feijoo, que abandone la fase de oposición caricaturesca y acredite que encabeza una verdadera alternativa de gobierno. Por supuesto, nadie espera que en tan corto período de tiempo un Gobierno pueda modificar radicalmente las tasas de paro o de temporalidad, ni corregir las deficiencias de los sistemas sanitario o educativo. Tampoco parece razonable pensar que en algo más de un año el Gobierno pueda invertir una tendencia histórica que nos sitúa con menor peso relativo en infraestructuras, tecnologías e investigación que la media española. Ahora bien, el debate debe demostrar si se avanza, aunque sea lentamente, en la dirección prometida. Hay, sin embargo, una serie de promesas electorales, que constituyen una de las señas de identidad de las dos fuerzas políticas que sostienen al Gobierno, cuyo incumplimiento Touriño no podrá justificar echando mano del factor tiempo. Se trata de la regeneración democrática. En los últimos años del fraguismo se produjo un deterioro premeditado de la democracia parlamentaria. El paisaje resultante fue desolador: una gigantesca red clientelar mantenida con fondos públicos y un dominio de las instituciones públicas y privadas con el fin de situar a la Xunta y a su presidente a salvo de la crítica y del control de la sociedad. ¿Por qué el nuevo Gobierno mantiene prácticamente incólume esa auténtica administración paralela? ¿Cuál es la razón por la que todavía no se ha aprobado una ley de subvenciones que garantice que las ayudas a las diversas entidades no dependan de la adhesión política al Gobierno? ¿Cómo se explica que la Xunta siga utilizando la publicidad institucional con fines propagandísticos en vez de reducirla a las exigencias de servicio público? ¿Por qué la Xunta no ha modificado, como había prometido, el marco jurídico para transformar, por fin, la RG y la TVG en auténticos medios de comunicación públicos, tal como desean sus profesionales y demanda la opinión pública? A estos interrogantes debe responder Touriño convincentemente. De lo contrario, no podrá evitar que se extienda la idea de que el Gobierno no sólo no tiene intención de desmantelar la onerosa herencia del fraguismo, sino que está dispuesto a apropiarse de ella para su propio beneficio. Estaremos atentos, porque lo prometido es deuda.