EL ANUNCIO del próximo nacimiento del segundo hijo de los príncipes de Asturias ha generado un debate que no se reduce a la igualdad de hombres y mujeres para acceder a la máxima magistratura del país, sino que afecta a la forma política del Estado. No me refiero, claro está, al rancio debate que, protagonizado por periodistas mediocres o personajes anacrónicos, ha invadido la programación televisiva, sino a opiniones de personas e instituciones solventes que se interrogan seriamente sobre el futuro de la institución monárquica en España. ¿A qué se debe este hecho relativamente novedoso en la vida política del país? Para encontrar una respuesta adecuada a esta pregunta hay que indagar en la historia. En efecto, la turbulenta historia constitucional de España se ha caracterizado por la existencia de periódicos impulsos progresistas, siempre relacionados con la crisis de legitimidad de la institución monárquica, a los cuales han seguido reacciones conservadoras, cuyo punto de apoyo ha sido invariablemente la restauración de la monarquía. No ha existido un solo momento constituyente desde 1812 en el que la monarquía no haya estado en el centro de la controversia. En 1975, tras la muerte de Franco, la institución monárquica atravesaba una grave crisis de legitimidad. Nada extraño, si se considera que había sido restaurada por un régimen dictatorial resultante de una sublevación militar contra un Estado democráticamente constituido. Una vez más, la monarquía se convertía en el principal problema para iniciar el proceso constituyente de la democracia. Se alcanzó un compromiso político, mediante el cual las fuerzas democráticas aceptaban la Corona, y ésta asumía el diseño de un Estado plenamente democrático. Ése fue el pacto político en el que se asentó la transición a la democracia. Al actuar de esta forma se pudo sortear un importante obstáculo que amenazaba con bloquear todo el proceso democrático. Pero, al mismo tiempo, se limitaba de hecho, aunque no formalmente, el poder constituyente, al no permitir que éste se extendiera a una cuestión tan relevante como la forma de Estado. Por eso, a pesar de que el sistema ha funcionado razonablemente bien durante 28 años, la cuestión no está cerrada. Y ésa es la razón por la que la imprescindible reforma del anacrónico artículo 57 de la Constitución, que consagra una inaceptable discriminación de la mujer en el acceso a la jefatura del Estado, produce pavor en los círculos de poder. Porque temen que el proceso de reforma, que implica necesariamente la celebración de elecciones generales y un referendo, desemboque en un cuestionamiento de la monarquía. De ahí que el feliz acontecimiento que siempre representa el nacimiento de un niño haya producido ternura e incertidumbre a la vez.