LA DECISIÓN de poner fin a la práctica de una Iglesia subvencionada es la mejor noticia que podía dársele a lo católicos de verdad, ya que no hay mayor tristeza que ver como una jerarquía ramplona y cada vez más apartada de la base social de la Iglesia podía mantener su tozudo conservadurismo moral y político a base de impuestos pagados por todos los ciudadanos. También conviene recordar que, lejos de ser un ataque demoníaco de Zapatero, el acuerdo al que se vio abocada la Conferencia Episcopal no hace más que cumplir un viejo pacto de progresiva autofinanciación que los obispos venían dilatando de forma indebida y con una incuria gestora que rayaba en el escándalo. Por eso considero de suma coherencia este paso inicial que, en cuestión de financiación religiosa, encaja a la perfección en la idea de un Estado laico y europeo. Pero, una vez que el Gobierno se arriesgó a dar «la primera en la frente», resulta imprescindible que los fieles estemos dispuestos a dar «la segunda en la boca», y que, lejos de usar de forma automática y acrítica el poderoso instrumento de financiación que se nos da al incrementar nuestra aportación voluntaria deducible del IRPF, debemos ejercer ese derecho conforme a nuestra condición de ciudadanos y católicos poseedores de una cultura democrática avanzada. Nuestra obligación de cristianos es la de financiar la Iglesia de acuerdo con nuestras posibilidades, más allá, incluso, del uso obvio de los recursos fiscales. Pero esa obligación no puede ser exigida si las iglesias diocesanas no crean mecanismos transparentes de fiscalización y control, si no realizan una gestión eficiente de los recursos financieros y patrimoniales, y si no hacen partícipe a la comunidad de sus objetivos y resultados. La obligación de financiar a la Iglesia no puede incluir, por ejemplo, la COPE, los autobuses para manifestarse con el PP, y las ventas disparatadas del patrimonio parroquial. Y por eso quedamos obligados a preguntar para qué sirve nuestro dinero y con qué eficiencia se administra. La «tercera en el pecho» tienen que darla los obispos en su propia sotana. Porque, pudiendo haber optado por una transición financiera ordenada y responsable, llevaron al límite una situación que ahora les obligan a modificar de forma acelerada y poco edificante, con graves consecuencias coyunturales. Claro que, lejos de entender este acuerdo obligado como un gesto inamistoso del PSOE, estoy seguro de que los obispos se van a aplicar el cuento que invocan en nuestras desgracias, para afirmar que todo esto sucede, a los ojos de la fe, por designio de la divina providencia, para bien de la Iglesia y de sus hasta ahora pésimos administradores.